Piden cárcel, entre 4 a 30 años para acusados de “Saqueo Público”
La fiscalía general de la República expuso sus alegatos finales en el juicio del caso denominado «Saqueo Público», en donde pidió penas que oscilan entre los 15 a 30 años de cárcel para los diez procesados en el caso, acusados del desvío de $351 millones de la Cuenta de Gastos Reservados de Casa Presidencial, durante la gestión de Mauricio Funes.
Las fiscales del caso pidieron ayer al Tribunal Primero de Sentencia las penas máximas de 15 años de cárcel, para el exgerente Financiero Institucional de Casa Presidencial, Francisco Rodríguez Arteaga; el exjefe de Tesorería, Jorge Alberto Herrera Castellano; exjefe de Contabilidad, Rigoberto Palacios Panameño; el asistente técnico financiero, Pablo Gómez. Todos acusados de peculado y lavado de dinero, 15 años de cárcel por cada delito, sumando 30 años de cárcel.
«Aquí nosotros no estamos acusando aquí que ellos se embolsaron el dinero, sino que ellos con sus actuaciones alejadas de la legalidad aportaron para la sustracción de este dinero para que funcionarios de primer nivel, comenzando por el presidente Mauricio Funes, su secretario privado (Francisco Cáceres) y otros funcionarios pudieran utilizar a su discrecionalidad esos fondos, apartando los fondos de los fines de la presidencia y de esa manera afectando la administración pública», aseguró la fiscal del caso.
Asimismo, los fiscales pidieron el pago de responsabilidad civil de $351 millones, y que mientras el tribunal dicte veredicto, el arresto domiciliario sea vigilado estrictamente por agentes de la Policía Nacional Civil.
De igual forma, para el expresidente del Banco Hipotecario, Manuel Rivera Castro, pidieron la pena de 12 años de cárcel por el delito de peculado en grado de cómplice necesario y otros 15 años más por el delito de lavado de dinero.
Para Rivera Castro pidieron una responsabilidad civil de $215,000, correspondiente al 43 cheques que recibió del dinero de Casa Presidencial, así mismo, una responsabilidad civil de forma solidaria de $222 millones.
En cuanto Luis Miguel Ángel García, quien es el padre de un piloto de confianza de Mauricio Funes, quien supuestamente habría sido el destinatario final de fondos que el hijo se apropió, la Fiscalía pidió también 15 años de cárcel por el delito de lavado de dinero, y el pago de responsabilidad civil de $357,842.95.
En el caso de la exprimera dama, Vanda Pignato, la Fiscalía pidió cuatro años de cárcel por el delito de simulación de delitos, por un caso de denuncia «falsa» por la supuesta falsificación de una compraventa por un vehículo por $66,000 que la Fiscalía le cuestiona a la exprimera dama. Y también porque el dinero en efectivo era proveniente de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de la Casa Presidencial.
«Consideramos que se ha demostrado la participación de la señora Vanda Pignato en la comisión del delito… Se ha quebrantado el principio de inocencia, se solicita una sentencia de carácter condenatoria, la pena más grande», afirmó el fiscal del caso.
Para el empresario Miguel Menéndez Avelar, conocido como “Mecafé”, la Fiscalía pidió ocho años de cárcel por el delito de defraudación al fisco en la modalidad de evasión de impuestos, así mismo, el pago de una responsabilidad civil de $339,579.46, que es lo que habría dejado de pagar al Ministerio de Hacienda entre los años 2014 y 2015, ya contabilizando los intereses.
Hasta las 7:00 de la noche de ayer, los alegatos continuaban, específicamente en contra de Vanda Pignato, Miguel Menéndez Avelar, y el exsecretario de Comunicaciones, David Rivas, por tanto, no se consignan las condenas que solicitó la Fiscalía.
La Fiscalía aseguró ayer que en el caso de Vanda Pignato recibía $100,000 en efectivo mensuales, según el testimonio del exsecretario privado de la presidencia, Francisco Cáceres.
La acusación data de junio del 2018, cuando la Fiscalía acusó a los exfuncionarios de Casa Presidencial, y a terceros de la administración de Mauricio Funes por el desvío de los $351 millones de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial a cuentas supuestamente particulares.
