Una vez más la Corte Suprema demuestra que está a favor de los pudientes y en contra de los derechos de las mayorías

Una vez más los magistrados de Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se dan color de ser derechistas y de defender los intereses de los millonarios, de los políticos corruptos y del sistema imperante en El Salvador.

Esta vez 11 de los 15 magistrados decretaron que exfuncionarios que hayan dejado el cargo hace 10 años o más ya no serán investigados por la Sección de Probidad de la Corte Suprema, según resolución tomada por 11 magistrados en sesión del pasado 31 de enero.

El periódico digital En La Mira considera que esta desición es una prueba más de que el sistema judicial salvadoreño está vendido a los intereses económicos y políticos de la gran oligarquía, ya que   dicha medida pone punto final a las investigaciones que aún están en marcha de exfuncionarios del último gobierno de ARENA, que el 31 de mayo cumplirán 10 años de haber dejado los cargos. Uno de los casos aún pendientes es el de la exvicepresidenta Ana Vilma de Escobar (2004-2009), quien tiene un proceso abierto por enriquecimiento ilícito, y del exministro de Seguridad René Figueroa.

Del mismo modo, diputados, exministros, expresidentes de autónomas, alcaldes y otros funcionarios con reparos en gestiones anteriores a mayo de 2009 serán favorecidos con esta amnistía, quedando libres de toda investigación. Entre los expedientes activos de Probidad se encuentran además los de los expresidentes Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol.

Los magistrados argumentaron que el artículo 240 de la Constitución mandata que “los juicios por enriquecimiento (ilícito) sin causa justa sólo podrán comenzar dentro de diez años siguientes a la fecha en que el funcionario o empleado público haya cesado en el cargo cuyo ejercicio pudo dar lugar a dicho enriquecimiento”. Como consecuencia de la resolución, los casos de funcionarios que dejaron el cargo hace más de 10 años pasarán a archivo.

La corte plena nunca decidió mayores criterios para que Probidad hiciera su trabajo. Históricamente, la sección nunca investigó a todos los funcionarios que debía, lo que provocó una mora enorme. Cuando en enero de 2015, el Órgano Judicial devolvió las atribuciones de investigación a Probidad, se establecieron tres criterios mínimos para abrir expedientes: relevancia del cargo, antigüedad y cuando se tratara de una solicitud de información pública. Este último criterio fue el que permitió, por ejemplo, que en el 2015 Probidad hiciera las auditorías a las cuentas de tres expresidentes salvadoreños por orden del Instituto de Acceso a la Información Pública.

La decisión de la Corte, además, deja en un limbo las investigaciones contra funcionarios que tienen reparos en sus declaraciones patrimoniales presentadas antes de 2009. Esto incluye a diputados o funcionarios que ahora tienen otros cargos en oficinas del Estado, pero que no han logrado subsanar las observaciones por los cargos desempeñados antes de 2009. Esto ocurre con funcionarios como el vicepresidente Óscar Ortiz, quien fue alcalde de Santa Tecla entre 2006 y 2014, y el diputado Guillermo Gallegos, que comenzó a ser legislador en el año 2006. 

En menos de dos años, esta es la segunda decisión que toma la corte plena contra la transparencia en el manejo de casos de Probidad. En junio de 2017, la CSJ decidió con ocho votos que los informes y auditorías no puedan hacerse de dominio público antes que se tome la decisión de enviar o no el juicio. Este acuerdo también supuso un retroceso en los parámetros con el que había comenzado el trabajo la sección en 2015 pues en ese período bastaba hacer una solicitud de información pública para obtener los informes.

La nueva decisión llegó tras seis meses de que el trabajo de la Sección de Probidad estuviera estancado, y después de dos meses de la llegada de nuevos magistrados a la Sala de lo Constitucional. Desde julio de 2018, Probidad había caído en un letargo y no presentó al pleno de magistrados ningún expediente por presunto enriquecimiento ilícito sino hasta ya entrado el mes de febrero de este año. Antes de continuar con el estudio de casos, la corte decidió empezar a definir criterios generales para el procesamiento de los expedientes y fue en ese marco que tomaron el acuerdo del 31 de enero.

Sin embargo, el magistrado Aldo Cáder, de la Sala de lo Constitucional, para soslayar lo hecho por los 11 magistrados resaltó que, pese a la resolución, Probidad podría seguir investigando casos “de manera interna (luego de 10 años)” a los patrimonios para remitirlos a la Fiscalía General de la República o al Ministerio de Hacienda.

En La Mira considera que esta salida hipotética del magistrado Cáder es una burla pues los salvadoreños sabemos que la Fiscalía General trabaja de acuerdo a intereses propios y no a favor de la verdad, por lo tanto es una mentira más. Ojala algún salvadoreño o institución ponga un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema para que esta burla a la justicia no tenga validez y se in investigue y se castigue a aquellos que han faltado a la legalidad.

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