Vamos a ver si las leyes son para que se cumplan o solo atacan a los descalzos como dijo Monseñor Romero

El testigo criteriado (con beneficios penales) identificado con el seudónimo de Noé, que tiene la Fiscalía General contra 425 pandilleros y colaboradores de la Mara Salvatrucha (MS-13), y que participa en el juicio del caso conocido como “Operación Cuscatlán”, ha asegurado que la MS tenía una caja chica con un monto mínimo de 25 mil dólares para la compra de drogas, armas y otras necesidades.

En la misma declaración, Noé aseguró que la caja chica de la MS-13 era financiada con el dinero obtenido de la venta de drogas y de vehículos; así como del dinero de las extorsiones y de partidos políticos como ARENA y el FMLN.

Noé sostiene que los líderes de la MS se reunieron tres veces con Ernesto Muyshondt, (actual alcalde de San Salvador) y en la última reunión, 15 días antes de las elecciones de 2015, Muyshondt entregó 69 mil dólares a los palabreros de la MS  en una mochila azul. Eran 34 fajos de  2 mil dólares y un fajo de mil dólares.

Noé también asegura que en 2016, el entonces Ministro de Gobernación en la administración de Salvador Sánchez Cerén, Aristides Valencia, importante dirigente del FMLN, les ofreció 100 millones de dólares para que invirtieran en negocios para que las pandillas tuvieran ganancias en dos años y dejaran de extorsionar.

Pero también Norman Noel Quijano está en la lista de los que ofrecieron dinero a la MS, dijo Noé, asegurando que Quijano ofreció hasta un millón de dólares a cambio de votos que lo llevaran a la presidencia del país, en las elecciones del 2014.

“Noé”, declaró que Quijano se habría reunido con varios cabecillas de la MS y de la Pandilla 18, con el objetivo que ambas estructuras criminales le endosaran sus votos en las elecciones presidenciales donde disputaba la presidencia con Salvador Sánchez Cerén.

Tomando como base estas declaraciones vamos a ver si el juez del caso manda a llamar a los implicados, y pide la cárcel para Ernesto Muyshondt, Salvador Sánchez Cerén y Norman Quijano, tomando como base la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo que en su Artículo 29 dice: “El que por cualquier medio, directa o indirectamente, proporcionare, recolectare, transportare, proveyere o tuviere en su poder fondos, o tratare de proporcionarlos o recolectarlos, dispensare o tratare de dispensar servicios financieros u otros servicios con la  intención de que se utilicen, total o parcialmente para cometer cualquiera de las conductas delictivas comprendidas en la presente Ley, será sancionado con prisión de veinte a treinta año, y multa de cien mil a quinientos mil dólares.

En igual sanción incurrirá el que,  directa o indirectamente, pusiere fondos, recursos  financieros o materiales o servicios financieros o conexos de cualquier otra índole, a disposición de personas o en entidades que los destine a la comisión de alguno de los delitos previstos en esta Ley”.

También estamos esperando que el Fiscal General, Raúl Melara, dé instrucciones al fiscal especifico que está siguiendo este caso, para que presente este Articulo 29 y con base a él, pida prisión para aquellos políticos que en su ambición de llegar al poder irrumpen las leyes de El Salvador a su antojo. Si esto no es así, se confirmara una vez más, la frase de Monseñor Óscar Arnulfo Romero quien aseguró que: “Las leyes en nuestro país son como la serpiente que solo muerde el pie del descalzo”.

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