Madres y familiares de víctimas de la guerra reclaman una Ley de Reconciliación Nacional justa

Desde las seis y treinta de esta mañana víctimas, familiares y organizaciones de derechos humanos, realizaron el Sexto Plantón por la Verdad y Justicia para las Víctimas, en la Plaza Salvador del Mundo, como un recordatorio a la comisión especial de la Asamblea Legislativa que discute la Ley de Reconciliación Nacional.

Los familiares insisten en que no quieren que la normativa termine convertida en una nueva Ley de Amnistía para los victimarios del conflicto armado en la década de los años ochenta, tal como lo plantean ARENA y el FMLN.

La promesa del diputado presidente de la Asamblea, Mario Ponce, es que el próximo 15 de febrero tendrían ya un “documento final”, que socializarán a través de foros públicos para su divulgación.

Para Eduardo García, director ejecutivo de Pro-Búsqueda, la promulgación de la ley es una incertidumbre latente. Su contenido y disposiciones en la administración de brindarles a las víctimas: la verdad, justicia y reparación.

“No pueden creer los diputados que vamos a tomar simplemente lo que nos den, tres diputados de la mesa nos han dicho que no conocían la propuesta, otros tres nos han dicho que no han trabajado  y que iban a tomar de base la propuesta de nosotros (Ley de Reconciliación Nacional), cuando sabemos que las  víctimas quieren que se les tome en cuenta, porque el tema de la justicia que todos y todas han venido solicitando desde hace muchos años, es hacer a un lado los intereses particulares o partidarios, y que las víctimas reciban la justicia que vienen solicitando”, dijo.

Con respecto al tema de la Justicia Transicional, García señaló que existen tantas consideraciones a los victimarios, que de aplicarla a la población privada de libertad en la actualidad, las cárceles quedarían vacías de inmediato, por el manejo al que están sometiendo el sentido de la normativa.

“Acaso los diputados y diputadas creen que en el penal de máxima seguridad no tienen derecho a reconciliarse, que les pregunten a las víctimas o que los que tienen más de 65 años, con enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, insuficiencia renal) esos ya no estén encarcelados o le digan a un padre a la que le violentaron a su hija, que perdone al octogenario”, señaló.

Las organizaciones de derechos humanos no están solos, en la reciente visita de los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se recomendó la importancia que el Estado salvadoreño provea de “espacios y coordinación interinstitucional” en la planificación y aplicación de medidas de reparación a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

Además, señaló que se incluya el caso emblemático de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños, así como otras perpetradas durante esa época; y el cumplimiento de la  sentencias en el caso de las hermanitas Serrano Cruz, Contreras y otros, que por la magnitud de los crímenes de Lesa Humanidad, deben dar una respuesta integral, que incluye un Banco Genético y la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas.

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