Bukele no ha medido que puede iniciar un antejuicio en su contra

Los diputados aprobaron, por 15 días más, la ley para proteger los derechos de las personas durante el Estado de Emergencia decretado por la pandemia del Covid-19, eso fue lo ordenado por la Sala de lo Constitucional y de esa manera cumplieron ese mandato.

Además, los diputados hicieron una ley que el Presidente Nayib Bukele no firmó, sino que la vetó, de esa manera el Presidente no cumplió con lo ordenado por la Sala de lo Constitucional, los diputados si cumplieron.

De esta manera Bukele, se ha negado a acatar una resolución del Tribunal Constitucional que limita los poderes del Gobierno para actuar durante la pandemia de coronavirus argumentando que nada está por encima del «derecho constitucional a la vida y salud del pueblo salvadoreño».

El origen de la polémica es el llamado decreto ejecutivo 19, emitido por el Gobierno para mantener ciertos poderes después de que la Asamblea Legislativa se negara a prorrogar el régimen de excepción, que limita tres derechos constitucionales: la libertad de movimiento, la asamblea pacífica y no ser obligado a cambiar de domicilio.

El decreto ejecutivo declara todo el territorio nacional «zona epidémica sujeta a control sanitario», lo cual da luz verde al Gobierno para declarar la cuarentena obligatoria, e imponer que en algunos casos se cumpla en centros especiales, inspeccionar casas y locales privados y establecer sanciones penales y civiles para los infractores.

La Sala de los Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió  una resolución en la que determina que el Gobierno no puede detener y sancionar de este modo a quienes violen la cuarentena.

La Sala Constitucional argumenta que el Gobierno no tiene poder para restringir los derechos recogidos en la Carta Magna. «Solo una ley formal», es decir, «un decreto legislativo y publicado en debida forma», puede hacerlo, sostiene.

Bukele respondió horas después por Twitter calificando la decisión judicial de «chiste». «Ninguna resolución está por encima del derecho constitucional a la vida y salud del pueblo salvadoreño», sentenció.

El mandatario añadió que «el Gobierno de El Salvador continuará ejecutando al cien por cien el decreto ejecutivo 19». «Todas sus disposiciones siguen intactas. Vamos a luchar contra la pandemia y los salvadoreños vamos a ganar», apuntó. Sin embargo, a pesar que él y muchos consideren legal esta determinación, lo cierto es que Bukele está infringiendo la Constitución de la República.

Si el Presidente fuera una persona sensata debería bajar la confrontación con la Asamblea Legislativa y con la Corte Suprema de Justicia; sin embargo, conociendo la prepotencia del mandatario lo seguro es que no lo hará, pues eso no cabe  en el ego del mandatario.

Bukele no va a buscar una solución democrática, eso está claro. Ya se enfrentó a la Sala de lo Constitucional  y le dijo que no le va a obedecer sus resoluciones, argumentado que va a defender  la vida de la población pensando que solo él está a favor de la vida y los otros a favor de la muerte, pero este es un argumento absurdo.

Como periódico En La Mira pensamos que lo que Bukele está haciendo es cambia la democracia por la dictadura, pero lo que no ha medido es que la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General, pueden unirse y analizar judicialmente si es factible iniciar un juicio contra el Presidente por estar violando la ley, y por ende cometiendo un delito y aplicar un antejuicio contra el Presidente.

El antejuicio es un procedimiento especial que constituye básicamente una condición de procesabilidad, pues determina el ejercicio de la acción penal en los casos de delitos que afectan a ciertas autoridades a quienes se les imputa su comisión, en este caso al Presidente Bukele. Esto está plasmado en el  artículo 239 de la Constitución.

Para el procedimiento del antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia se deben de cumplir varias fases como:

•  Presentación de la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia;

•  Eventual práctica de una investigación sobre los hechos denunciados;

•  Decisión de la Corte Suprema sobre si ha lugar o no a formación de la cusa contra el funcionario imputado;

•  Instrucción y decisión de la causa en el supuesto en el que se resolviese haber lugar al antejuicio.

La denuncia debe ser interpuesta ante la Fiscalía General de la República, y será esta la que necesariamente deberá promover el antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia; a parte de la Fiscalía solo podrán promover el antejuicio directamente, los que estén facultados para querellar, según el artículo 95 del Código Procesal Penal, en este caso los diputaos de la Asamblea Legislativa.

La denuncia de antejuicio deberá formularse por escrito, acompañada de los documentos y cualquier otro elemento de juicio, que obren en poder del solicitante, para fundar la procedencia de la misma. La Corte Suprema de Justicia procederá a su examen, y de cumplirse los requisitos legales para ello, la admitirá a trámite o la rechazará.

Una vez presentada la denuncia de antejuicio y admitida la misma a trámite, se procederá según lo indica el artículo 386 del Código Procesal Penal, de acuerdo a este la Corte Suprema de Justicia ordenará una investigación a más tardar en un plazo de ocho días, la misma se practicará, según la condición del funcionario aforado, por la Cámara Seccional respectiva.

Al concluir la investigación, el tribunal designado dará cuenta a la Corte Suprema de Justicia del resultado de las diligencias, la cual podrá indicar la realización de otras diligencias de investigación cuando lo estime imprescindible o declarará a más tardar dentro del tercer día si existe lugar a formación de causa.

Una vez existe la declaración de formación de causa, la Corte Suprema de Justicia, remitirán las diligencias a la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro para que conozca de la instrucción. Esta convocará a la Fiscalía para que presente el requerimiento, posteriormente, en caso de ser procedente, será la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro quien conocerá del juicio plenario.

La declaración de formación de causa tiene por efecto la suspensión del ejercicio de funciones para el funcionario público imputado, en este caso el Presidente de la República Nayib Bukele; en caso de llegar a dictarse una sentencia definitiva absolutoria, el funcionario suspendido es destituido de su cargo.

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