Sala de lo Constitucional suspende Decreto Ejecutivo 19 y revive Decreto Legislativo 593

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, suspendió temporalmente el decreto 19 emitido por el poder Ejecutivo, para regular la cuarentena nacional o el resguardo domiciliar como medida para contener los contagios de Covid-19.

Luego de la sustitución,  los magistrados constitucionalistas revivieron el Decreto Legislativo 593 en el que se establece la Ley de Estado de Emergencia Nacional, y el cual estará vigente hasta el 29 de mayo, mientras no haya otra Ley que regule. Dicho decreto fue emitido por la Asamblea Legislativa el 14 de marzo de 2020 y publicado en el Diario Oficial la misma fecha.

En sustitución del decreto 19, los magistrados constitucionalistas reactivaron el Decreto Legislativo Nº593 con el Estado de Emergencia Nacional por Covid-19, con vigencia hasta el 29 de mayo.

La medida de la Sala es anunciada apenas cuatro días después de haber anulado el Decreto  n° 18. La Sala Constitucional considera que con la emisión del Decreto n° 19, el Presidente de la República, Nayib Bukele, atenta contra la separación de poderes.

Los magistrados de la Sala de lo Constitucional argumentaron inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo n° 19 por la supuesta violación al artículo  86 de la Constitución de la República; y del Decreto Ejecutivo n° 26, presentado el 20 de mayo de 2020, por la aparente infracción al artículo 5 de la Carta Magna.

El Ejecutivo basó la aplicación del decreto 19 amparado en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres de la atribución al Presidente de la República, Nayib Bukele, para declarar emergencia nacional. En su momento, la justificación del Ejecutivo fue que la Asamblea no estaba reunida esa medianoche del viernes 15 de mayo cuando la normativa vencía.

Para La Sala, la interpretación de la frase “si la Asamblea Legislativa no estuviere reunida” por Ejecutivo es errónea. “Según los actores, el presidente ha interpretado que esa frase no hace referencia a recesos por plazos extensos que otrora se decretaban en la actividad del Órgano Legislativo, ni a la imposibilidad física de la comparecencia de los legisladores al pleno ante la eventual convocatoria de la Presidencia de la Asamblea Legislativa, sino más bien, a la falta de voluntad”, explicó la Sala de lo Constitucional.

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