Torturas, capturas arbitrarias y muertes en los centros penales, la CIDH ve con preocupación el Régimen de Excepción

El Estado salvadoreño sostiene que el sufrimiento al que fue sometida la población salvadoreña por las pandillas, justifica el Régimen de Excepción.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reunió con diferentes organizaciones de la sociedad civil para conocer la situación del Estado de Derecho que se encuentra El Salvador, que ha cumplido 16 meses consecutivos bajo el Régimen de Excepción, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara el pasado martes 11 de julio una nueva extensión al mismo.

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) participó en el encuentro a través de su Instituto de Derechos Humanos (IDHUCA), mismo que ya ha presentado datos en contra del Régimen de Excepción en más de una ocasión, a través de su encuesta de opinión. El IDHUCA sostiene que: «Hay arbitrariedad, opacidad y muerte en centros penales. Algunas organizaciones lo hemos expuesto, reiteraron».

Dentro del informe presentado por la CIDH, hasta el presente mes de julio se registran 174 muertes dentro de los centros penales. A su vez, denuncia que los familiares de los recluidos no son informados de la salud de los reos tal y cómo compartió una fuente vivencial quien prefirió el anonimato por motivos de seguridad.

La fuente a la que identificaremos como «María» asegura que dos de sus hijos fueron detenidos injustamente en el marco del Régimen de Excepción, siendo notificados del deceso de uno de ellos por la funeraria y no por las autoridades competentes: «A mí me contactó la funeraria por mi nombre, dicen que mi nombre fue lo último que dijo mi hijo…», explicó entre lágrimas. María dice sentir preocupación por su otro hijo, ya que hasta la fecha no ha recibido noticias de él.

CENTROS PENALES SOBRECARGADOS DE PERSONAS

Representantes de CRISTOSAL aseguraron que los centros penales se encuentran a más del tope de su capacidad asegurando que en un espacio para 70 personas llegan a tener hasta 200 reos, lo que limita en gran manera las condiciones de los detenidos.

A la sobrepoblación de los centros penales se le suma los abusos de autoridad que diferentes organizaciones de Derechos Humanos en el país han denunciado en más de una ocasión. Hasta la fecha las denuncias de vulneraciones de las personas detenidas y sus familiares asciende a 6,436 , según el informe presentado este viernes en horas de la mañana.

En el mismo, se constatan 182 agresiones a los reos que se encuentran en diferentes centros penales, siendo en su mayoría cometidas por los custodios. Ante las denuncias de cuerpos de presos que han salido de los centros penales con señales de tortura, el Comisionado de la CIDH Joel Hernández dijo: «Sería interesante saber si el estado salvadoreño está dando pasos contra la tortura».

Por su parte María Claudia Pulido, miembro de la CIDH hizo una petición al gobierno salvadoreño: «Quisiera que precisen información concreta sobre la situación de derechos humanos en 2023, el número de personas detenidas, el número de personas que han perdido la vida en custodia del Estado».

POSTURA DEL GOBIERNO SALVADOREÑO

En el evento el Estado salvadoreño estuvo presente a través de la viceministra de relaciones exteriores Adriana Mira, quien mantuvo la narrativa gubernamental alegando que: «Las verdaderas víctimas no son los pandilleros, las víctimas reales son los salvadoreños de bien, la gran mayoría de bien, ellos son quienes merecen ser tenidos en cuenta en primera instancia, que se hagan respetar sus derechos».

Mira también se hizo presente en representación del Fiscal General Rodolfo y también del comisionado para los Derechos Humanos, Andrés Guzmán. Por último Mira dijo: «Los invito a ponerse en lugar de estas personas que han sufrido en carne propia tantas atrocidades. La criminalidad se normalizó. Vivir bajo miedo se convirtió en algo natural».

Al final del encuentro la CIDH pidió la derogación del Régimen de Excepción por las diversas denuncias de violaciones a los Derechos Humanos en El Salvador. Sin embargo queda esperar la decisión de los poderes del Estado, que en más de una ocasión han justificado la captura de personas inocentes, alegando que todas las fuerzas policiales del mundo lo hacen.