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La nueva CSJ ordena a Probidad que se olvide de casos con más de 10 años

Once de 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia votaron para que la Sección de Probidad solo pueda investigar casos de enriquecimiento ilícito cuando el funcionario tenga menos de 10 años de haber dejado el cargo público.

El acuerdo que ha dejado reacciones en su contra cierra los expedientes actualmente abiertos y que investigaban a funcionarios (expresidentes, diputados, alcaldes, magistrados…) que ejercieron en períodos anteriores a 2009. El 31 de mayo próximo se vencerán todos los casos de los exfuncionarios que trabajaron para el último gobierno de ARENA.

Los funcionarios que hayan dejado el cargo hace 10 años o más ya no serán investigados por la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según resolución tomada por 11 de los 15 magistrados en sesión del pasado 31 de enero.

Dicha medida pone punto final a las investigaciones que aún están en marcha de exfuncionarios del último gobierno de ARENA, que el 31 de mayo cumplirán 10 años de haber dejado los cargos. Uno de los casos aún pendientes es el de la exvicepresidenta Ana Vilma de Escobar (2004-2009), quien tiene un proceso abierto por enriquecimiento ilícito, y del exministro de Seguridad René Figueroa.

Del mismo modo, diputados, exministros, expresidentes de autónomas, alcaldes y otros funcionarios con reparos en gestiones anteriores a mayo de 2009 serán favorecidos con esta amnistía, quedando libres de toda investigación. Así lo confirma el acuerdo alcanzado por el Pleno de la CSJ. Entre los expedientes activos de Probidad se encuentran además los de los expresidentes Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol.

Los magistrados argumentaron que el artículo 240 de la Constitución mandata que “los juicios por enriquecimiento sin causa justa sólo podrán incoarse dentro de diez años siguientes a la fecha en que el funcionario o empleado haya cesado en el cargo cuyo ejercicio pudo dar lugar a dicho enriquecimiento”. Como consecuencia de la resolución, los casos de funcionarios que dejaron el cargo hace más de 10 años pasarán a archivo.

Los once magistrados que aprobaron esta medida son Óscar Armando Pineda Navas (presidente de la CSJ), Óscar López Jerez, Sergio Rivera Márquez, Ovidio Bonilla, Dafne Sánchez, Elsy Dueñas, Roberto Argueta Manzano, Carlos Sánchez Escobar, Aldo Cáder Camilot, Marina Marenco de Torrento y Roberto Calderón. Dos magistrados se abstuvieron de votar (Paula Patricia Velásquez y Carlos Sergio Avilés), y otros dos votaron en contra: Leonardo Ramírez Murcia y Doris Luz Rivas Galindo.

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