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Ministro de Seguridad prueba que brazaletes electrónicos si funcionan

Ante las acusaciones del exalcalde de San Miguel, Wilfredo Salgado de que los brazaletes electrónicos o tobilleras no funcionaban como se aseguraba, funcionarios del Órgano Judicial, respaldaron el sistema de brazaletes implementado en coordinación con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Hace unos días Salgado en una entrevista televisiva en uno de sus canales que funciona en San Miguel aseguró que los brazaletes no servían y acusó al ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, de haber caído en actos de corrupción en el proceso de licitación para la adquisición de las tobilleras electrónicas. Salgado afirmó que el sistema es caro y que los aparatos presentan fallas en la señal y cobertura.

Ante esta acusación, los funcionarios judiciales desmintieron esos señalamientos y señalaron que el sistema es efectivo, que reduce costos de operación al Estado y ayuda a descongestionar los centros penales, y mejora las condiciones de los procesados que no necesariamente deben estar dentro de una cárcel.

Por su parte Ramírez Landaverde señaló que pedirá a la Fiscalía General actué en contra de Salgado por realizar acusaciones infundadas. Además una periodista de un canal de TV pidió se e pusiera un brazalete para probar su eficacia. La periodista salió a la calle por más de 45 minutos y su recorrido fue captado en el sistema de vigilancia.

Rocío López, coordinadora de Defensoría Penal de la Procuraduría General de la República (PGR) y Defino Parrilla, juez de Instrucción de Ciudad Delgado, coincidieron en que el sistema de dispositivos electrónicos es eficiente y a la fecha no tienen reportada ninguna anomalía derivada de su uso.

“Coordino a 263 defensores públicos a nivel nacional, hacen un excelente trabajo y mantienen informado sobre esta situación y que ya les hemos dado a conocer sobre la utilidad de este dispositivo y creo que no ha habido ninguna situación que ellos manifiesten en cuanto a estos dispositivos”, manifestó López.

La funcionaria de la PGR manifestó que el juez tiene la última palabra para determinar si a un reo se le asigna un dispositivo electrónico, pero que también se toma en cuenta la opinión del privado de libertad y que también se toma la palabra a la víctima o sus familiares.

López dijo que ahorita los dispositivos electrónicos son una especie de “proyecto piloto”, donde el sistema de justicia se está adaptando y “agarrando confianza” para aumentar su uso. A la fecha suma alrededor de 300 tobilleras colocadas, pero en otros países se comenzó a implementar hacer varios años.

Destacó además la funcionaria que el hacinamiento carcelario se ha reducido debido a la creación de más infraestructura carcelaria y que también el sistema de tobilleras electrónicas aporta en ese sentido. Hasta ayer, el sistema penitenciario tenía registrados 40 mil 137 reos, de los cuales hay aproximadamente 27 mil condenados y más de 12 mil procesados.

“Esta también es una forma de economizar al Estado los gastos que tiene en el sostenimiento de las cárceles, garantiza la presunción de inocencia de todas las personas que están detenidas o que van a ser detenidas, favorece la rehabilitación”, destacó.

Ante las acusaciones del exalcalde de San Miguel, Wilfredo Salgado de que los brazaletes electrónicos o tobilleras no funcionaban como se aseguraba, funcionarios del Órgano Judicial, respaldaron el sistema de brazaletes implementado en coordinación con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Hace unos días Salgado en una entrevista televisiva en uno de sus canales que funciona en San Miguel aseguró que los brazaletes no servían y acusó al ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, de haber caído en actos de corrupción en el proceso de licitación para la adquisición de las tobilleras electrónicas. Salgado afirmó que el sistema es caro y que los aparatos presentan fallas en la señal y cobertura.

Ante esta acusación, los funcionarios judiciales desmintieron esos señalamientos y señalaron que el sistema es efectivo, que reduce costos de operación al Estado y ayuda a descongestionar los centros penales, y mejora las condiciones de los procesados que no necesariamente deben estar dentro de una cárcel.

Por su parte Ramírez Landaverde señaló que pedirá a la Fiscalía General actué en contra de Salgado por realizar acusaciones infundadas. Además una periodista de un canal de TV pidió se e pusiera un brazalete para probar su eficacia. La periodista salió a la calle por más de 45 minutos y su recorrido fue captado en el sistema de vigilancia.

Rocío López, coordinadora de Defensoría Penal de la Procuraduría General de la República (PGR) y Defino Parrilla, juez de Instrucción de Ciudad Delgado, coincidieron en que el sistema de dispositivos electrónicos es eficiente y a la fecha no tienen reportada ninguna anomalía derivada de su uso.

“Coordino a 263 defensores públicos a nivel nacional, hacen un excelente trabajo y mantienen informado sobre esta situación y que ya les hemos dado a conocer sobre la utilidad de este dispositivo y creo que no ha habido ninguna situación que ellos manifiesten en cuanto a estos dispositivos”, manifestó López.

La funcionaria de la PGR manifestó que el juez tiene la última palabra para determinar si a un reo se le asigna un dispositivo electrónico, pero que también se toma en cuenta la opinión del privado de libertad y que también se toma la palabra a la víctima o sus familiares.

López dijo que ahorita los dispositivos electrónicos son una especie de “proyecto piloto”, donde el sistema de justicia se está adaptando y “agarrando confianza” para aumentar su uso. A la fecha suma alrededor de 300 tobilleras colocadas, pero en otros países se comenzó a implementar hacer varios años.

Destacó además la funcionaria que el hacinamiento carcelario se ha reducido debido a la creación de más infraestructura carcelaria y que también el sistema de tobilleras electrónicas aporta en ese sentido. Hasta ayer, el sistema penitenciario tenía registrados 40 mil 137 reos, de los cuales hay aproximadamente 27 mil condenados y más de 12 mil procesados.

“Esta también es una forma de economizar al Estado los gastos que tiene en el sostenimiento de las cárceles, garantiza la presunción de inocencia de todas las personas que están detenidas o que van a ser detenidas, favorece la rehabilitación”, destacó.

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