Editorial

Bukele como comandante general de la Fuerza Armda está incumpliedno la ley

El Artículo 213 de la Constitución de la República dice textualmente: “La Fuerza Armada forma parte del Órgano Ejecutivo y está subordinada a la autoridad del Presidente de la República,  en su calidad de Comandante General. Su estructura, régimen jurídico, doctrina, composición y funcionamiento son definidos por la ley, los reglamentos y las disposiciones especiales que adopta el Presidente de la República”.

Si este artículo de la Carta Magna es realmente es cierto, la razón de que la Fuerza Armada negara el  acceso a los archivos militares relacionados a la masacre de El Mozote perpetrada en 1981, cuando efectivos del Batallón Atlacatl asesinaron a más 986 personas, en su mayoría menores de edad, es una orden del Presidente Nayib Bukele.

Esa negativa se la hizo saber el coronel Carlos Vanegas al juez de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, quien llegó acompañado del acusador particular y exprocurador de Derechos Humanos, David Morales; la procuradora adjunta de Derechos Civiles, Sylvia Hidalgo; representantes de la Fiscalía General de la República, además de varios medios de comunicación.

Por deducción simple se entiende que el oficial al mando del Estado Mayor no permitió el acceso al Estado Mayor porque estaba cumpliendo órdenes superiores. En este caso del Presidente Nayib Bukele y no del ministro de Defensa René Merino, quien se ha negado a explicar claramente cuáles son las razones por las cuales se ha estado impidiendo que se realice esta acción judicial.

De acuerdo con la procuradora adjunta de Derechos Civiles de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Sylvia Hidalgo, las autoridades judiciales tendrán hasta el 13 de noviembre para realizar las inspecciones de archivos en las sedes militares, donde esperan recabar información sobre la masacre que consta en el Informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas.

En este caso el Presidente Nayib Bukele está cometiendo un error y posiblemente esté incumpliendo la ley lo que le podría acarrear problemas jurídicos, e incluso según los conocedores del derecho permitir que se le ejecute un antejuicio que podría terminar con una destitución de su cargo porque no está cumpliendo con su juramento cuando fue nombrado Presidente de la República de cumplir la lay y la Constitución de la República.

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