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Bukele no acatará resolución de Sala de lo Constitucional

El Presidente Nayib Bukele anunció en sus redes sociales que no acatará la resolución de obligatorio cumplimiento que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio a conocer el miércoles en respuesta a un hábeas corpus promovido por la detención arbitraria de tres personas que fueron puestas en confinamiento sanitario forzoso al haber salido a comprar provisiones en el Jiquilisco (Usulután) el 22 de marzo, horas después de que el Gobierno anunció -de noche- el inicio de la cuarentena domiciliar obligatoria.

En un claro desafío, Bukele dijo que continuará «ejecutando al 100 % el decreto ejecutivo 19», que incluye internamiento sanitario forzoso, decomiso de vehículos y obliga a todo el que vive en El Salvador a dejar que «delegados de Salud» entren a las viviendas, en contraposición al artículo 20 de la Constitución que establece que la morada es inviolable.

De esta manera, para el Presidente, todo lo resuelto por la Sala constituye una orden para «la muerte del pueblo» y la acusó de seguir órdenes por dinero e intentar «cruzar sus propias limitantes».

La resolución de la Sala deja claro que los decretos del Ejecutivo no tienen la potestad para respaldar el confinamiento sanitario forzoso para las personas que incumplan la orden de cuarentena, tampoco para decomisar vehículos de personas, entre otros puntos.

En su resolución la sala de lo Constitucional señala que: “Este tribunal debe expresar que las actuaciones de todas las autoridades del Órgano Ejecutivo –tanto la expedición de órdenes, como la ejecución de las mismas– que sean arbitrarias e ilegales, constituyen una vulneración a los derechos fundamentales de las personas –art 244 Cn.– las cuales además se encuentran especialmente protegidas por el Código Penal, que sanciona especialmente los actos u omisiones de las autoridades respecto de la violación a dichos derechos, constituyendo delitos oficiales –art. 242 Cn–“.

Bukele reiteró que todo internamiento sanitario forzoso (aunque se cambie por palabras de «retención», «traslado», «evaluación», «localización»)   carece de base legal y que todos los afectados deben recibir por escrito las razones de su detención y el nombre de las autoridades que participaron en el acto de detención, así como entregar en cinco días un listado que contenga los nombres de todos los que han sido privados de libertad y que mientras la Asamblea Legislativa no emita una ley siguiendo el proceso constitucional las personas no pueden ser detenidas sino obligadas a retornar a sus viviendas.

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