Javier Argueta sugiere acciones contra la prensa por «daños al honor»
Ante los señalamientos que el gobierno de Estados Unidos ha hecho a Carolina Recinos, jefa de gabinete; Osiris Luna, director de Centros Penales; y Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social, Javier Argueta, asesor en Casa Presidencial (CAPRES), dio algunas sugerencias.
La tesis del asesor es que si los funcionarios no pueden emprender acciones contra el país que los sanciona, lo hagan contra quien escribe notas periodísticas informando sobre las sanciones. El motivo es que las noticias “dañan el honor e imagen de los funcionarios”.
«Frente a un derecho de información o un derecho de libertad de expresión hay límites derecho a intimidad, derecho a honor… Yo recomendaría a los funcionarios del gobierno que ejerzan acciones correspondientes, posiblemente no contra un país pero posiblemente sí contra el que lo escribe porque tenemos leyes que protegen el honor», fue la postura que Argueta.
La semana pasada, en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, Estados Unidos emitió diversas sanciones contra funcionarios de diversos países que consideran han cometido actos de corrupción y esto ha significado un deterioro directo a los derechos humanos de los ciudadanos de sus respectivas naciones.
Con base en la Ley Magnitsky sobre Rendición de Cuentas Global en Derechos Humanos, el Departamento del Tesoro impuso sanciones contra Recinos, quien ya había sido integrada a la Lista Engel y sancionada por ello, por considerarla líder de un esquema de corrupción multimillonario y en el que también hubo participación de diversos ministerios; también contra Luna y Marroquín por considerarlos los delegados del Gobierno en las pláticas y posterior pacto con grupos delincuenciales.
Argueta restó credibilidad a esos señalamientos diciendo que tienen como fundamento publicaciones periodísticas que fueron construidas con fuentes que son desconocidas.
«Hoy por hoy ya los condenaron socialmente y por eso te digo que ellos lo menos que deberían de hacer es ejercer una acción internacional en materia de Derechos Humanos y a nivel nacional, sin duda alguna, quedarse callado sería para mí lo peor, deberían ejercer las acciones aquí correspondiente… Ya les dañaron el honor, ya les dañaron la imagen por (las) publicaciones», dijo el asesor durante la entrevista Frente a Frente.
En tanto, la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, opinó que las declaraciones de Argueta tienen como objetivo desviar la atención de los señalamientos hechos contra funcionarios de confianza del presidente Nayib Bukele.
«Es un sinsentido porque quienes deben someterse al escrutinio público son los funcionarios, no son los periodistas… Es evidente que ha sido incómodo y que ha sido una situación que ha dañado más la credibilidad y que además pone el dedo en la llaga porque el discurso oficial permanentemente está señalando a los partidos que hicieron (actos de) corrupción en el pasado», dijo la diputada.
Mientras el jefe de fracción de GANA, Juan Carlos Mendoza, sostuvo que no es contra los periodistas que el gobierno debe iniciar acciones penales, porque la esencia de su trabajo es exponer hechos de diversa índole.
«Creo que la libertad de prensa en El Salvador se mantiene es parte del derecho que tienen los medios en El Salvador de investigar… Yo no le veo irresponsabilidad», dijo Mendoza.
Por su parte, el jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, dijo que la declaración de Argueta le causa preocupación porque «él sabe que de acuerdo a la ley el periodista no está obligado ni a revelar su fuente ni a dejar de informar».
