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El juez pidió al Ministro de Defensa que le informen si la negativa para ingresar a buscar información de la masacre de El Mozote es oficial

Un registro estatal estima la cifra que un batallón elite del Ejército ejecutó en El Mozote a 988 personas, la mayoría niños, por lo que son procesados más de una docena de mandos militares retirados por crímenes de guerra y lesa humanidad. 

El juez de instrucción de San Francisco Gotera Jorge Guzmán ordenó una serie de inspecciones militares para la búsqueda de documentos relacionados con la matanza de El Mozote, pero el lunes los militares prohibieron el ingreso a  las instalaciones del Estado Mayor de la Fuerza Armada.

El juez Guzmán, requirió al mandatario y pidió al ministro de Defensa René Merino que le informen si la negativa «corresponde a una posición oficial de ellos como titulares de la institución armada».

Además les solicitó que, si la orden fue dada por ellos, manifiesten «las razones de hecho y derecho para la negación del acceso a los archivos militares» en un plazo de cinco días hábiles después de la notificación de la resolución.

El juez también pidió que aclaren si el coronel Carlos Vanegas, quien le indicó que no podría ingresar al recinto militar para la diligencia judicial, fue delegado por ellos para comunicar la decisión.

La información servirá para «determinar si la actuación del supuesto coronel Vanegas fue un acto de obstaculización a la diligencia judicial, con lo cual se certificaría a la Fiscalía General de la República para que investigue la posible comisión de delitos».

Ante la falta de información oficial sobre el hecho, el juez Guzmán reprogramó el inicio de las inspecciones, planificadas para 8 semanas, para el próximo 5 de octubre.

El presidente Bukele, quien se mantiene activo en las redes sociales, no se ha pronunciado sobre el tema. El freno a las inspecciones le ha valido al mandatario críticas de los sobrevivientes, cuya causa aseguró que también era suya al inicio de su mandato, y de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó el hecho.

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