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FMLN no logró aprobación de anteproyecto de nueva ley de amnistía

El FMLN se quedó solo en su empeño por aprobar la Ley de Reconciliación “exprés” que buscaba liberar de responsabilidad judicial a los miembros del ejército y del FMLN que cometieron crímenes durante la guerra civil que vivió nuestro país.

La presión de organizaciones sociales, llamados de altos funcionarios de Estados Unidos, de los embajadores de la Unión Europea, Naciones Unidas y del presidente electo Nayib Bukele, junto a universidades, obligaron a que los diputados del FMLN, ARENA, PCN y PDC desistieran someter al pleno el anteproyecto de ley, y aprobar una nueva versión de la Ley de Reconciliación Nacional.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el FMLN reiteró su satisfacción tras el acuerdo de Comisión Política para convocar y escuchar opiniones a partir de este viernes 24 de mayo, de los aportes de organizaciones involucradas para elaborar Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional.

 “Reconocemos la labor de nuestro grupo parlamentario, que en una situación de correlación de fuerzas de favorable, ha logrado trabajar una propuesta de Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, que aporta elementos esenciales para contribuir a la solución adecuada del problema. Celebramos también por iniciativa de nuestro grupo parlamentario que la Iglesia Católica haya sido incluida.”, reza parte de un comunicado.

“Esta decisión desmiente las versiones interesadas en el sentido de que, ya todo estaba cocinado en Asamblea Legislativa; versiones generadas por personas inescrupulosas que parecen empeñadas en continuar con carreras electorales, insultos y diatribas en lugar de preocuparse por buscar las formas para que por, fin en El Salvador logré llegar a una situación donde la reconciliación y la justicia prevalezca”, agrega el FMLN.

El FMLN asegura que lo que buscan es crear una normativa que permita establecer la verdad sobre hechos violatorios de los derechos humanos, la reparación moral y material de las víctimas, el juzgamiento de personas responsables y las medidas para garantizar la no repetición. Sin embargo, las organizaciones sociales creen que pretendían que se obiaran los procedimientos judiciales que podrían surgir en contra de los asesinatos cometidos por la Fuerza Armada y la guerrilla.

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