Opinión

La Universidad pública, odios y prejuicios. Una defensa al aumento presupuestario de la UES

Por Marlon Javier López/ Opinion

Cuando se dio a conocer que la Universidad de El Salvador (UES) vería recortado su presupuesto en casi cuatro millones en el próximo año, muchos justificaron la medida apelando a las deficiencias que caracterizan a la UES. Al hacerlo, reproducían una serie de prejuicios impuestos sobre la universidad pública por años de propaganda neoliberal.

No es la primera vez que la universidad pública es víctima de una campaña de odio de parte de grupos de seguidores y simpatizantes de Nuevas Ideas. En sí mismo sus argumentos no merecen ninguna respuesta, pero dado su impacto en la opinión pública y el momento político en el que vivimos me he visto tentado a brindar una opinión propia.

Quisiera abordar algunos de los prejuicios que se utilizan para desprestigiar a la Universidad de El Salvador, los cuales forman parte de un “sentido común” propiciado por décadas de neoliberalismo. Dos de ellos merecen, desde mi punto de vista, especial atención. El más importante tiene que ver con el hecho de que los docentes universitarios “ganen demasiado dinero sin hacer nada”. Según esta idea los problemas de la UES se deben a que está secuestrada por un grupo de docentes ambiciosos dispuestos a incrementarse su, ya de por sí oneroso salario, ante la mínima oportunidad. A su vez esta idea se puede descomponer en dos aspectos. El primero: “los docentes universitarios poseen un salario oneroso” y el segundo “los problemas de la Universidad se deben al oneroso salario que reciben los docentes”.

En primer lugar, habría que aclarar que el salario de un docente universitario de más alto nivel (PUIII) efectivamente está por encima de la media salarial de El Salvador. Sin embargo, no debemos perder de vista dos cosas. Primero que un docente universitario es, al menos en teoría, un profesional que ha hecho carrera a lo largo de muchos años y gracias a su formación académica y a la labor que realiza accede al salario devengado. Hago notar mis reservas con la frase “al menos en teoría” porque el punto débil de este argumento es, con toda seguridad, el contraste entre la teoría y la realidad, ya que no siempre este requisito se cumple. No debemos dejar de lado, sin embargo, que para que un docente, al igual que cualquier salvadoreño, pueda hacer carrera profesional es necesario que existan programas de postgrados diversos (maestrías, doctorados, etc.) los cuales por hoy no existen en nuestro país, al menos en la Universidad pública. Montar estos programas y hacerlos accesibles implica una fuerte inversión de recursos y, por tanto, un aumento presupuestario sobre la educación superior. Por otro lado, podemos defender y argumentar en favor de la reducción de salarios para nuestros profesores, pero ¿realmente es ese el país que queremos? Por años se nos ha dicho que la educación es la vía para salir de la pobreza, un joven estudia y se esfuerza por sacar una carrera con el fin de elevarse hasta una posición que le permita mantener un nivel de vida digno y satisfactorio, atentar contra el bienestar de cualquier profesional, incluidos los profesores, implica acabar definitivamente con esta posibilidad.

En segundo lugar, no es cierto que los profesores universitarios gocen de un salario oneroso. De hecho, esto constituye un privilegio al cual es cada vez más difícil acceder, precisamente por el bajo presupuesto que la UES tiene asignado. En su gran mayoría los profesores universitarios no logran acceder siquiera a un contrato, teniendo que desarrollar su labor profesional en condiciones de precariedad, tal como lo hace la gran mayoría de los salvadoreños. Esto nos lleva a considerar la posición de aquellos que resienten el envejecimiento de la planta docente de la UES. Bajo las condiciones presupuestarias actuales una renovación de la planta docente en la UES resulta impensable. 

El segundo prejuicio que quiero considerar tiene que ver con la idea de que la UES es presa de la corrupción. Quienes sostienen esta idea se apoyan en ella para argumentar lo inútil e incluso perjudicial que resulta cualquier iniciativa que pase por dotar a la universidad de mayor presupuesto. Al igual que el prejuicio que se acaba de refutar, esta idea tiene su origen en un “sentido común” neoliberal, según el cual lo público es sinónimo de corrupción mientras la iniciativa privada está marcada por el esfuerzo, el sacrificio y los méritos propios. Digamos, para comenzar, que los recientes escándalos relacionados con evasión fiscal, fraudes al estado, etc. protagonizados por empresarios en nuestro país debe bastar para echar por tierra ese relato. Es innegable que en la UES ha existido corrupción, pero la corrupción no es patrimonio de la Universidad pública, es una lacra que atraviesa todos los sectores de la sociedad. La corrupción tiene bases materiales y culturales y es inherente a un modelo económico que exacerba el egoísmo y destruye los lazos comunitarios. Un modelo social que no ofrece ninguna perspectiva de desarrollo personal empuja a los individuos a una lucha por la supervivencia en la que no cabe ninguna consideración de tipo moral. Una realidad de este tipo solo se puede superar si se abordan de manera amplia y sistémica los aspectos relacionados con la base social y económica de nuestro país, poniendo énfasis en lo común. Implica por tanto fortalecer los servicios públicos, una intervención social en la economía y una revolución cultural. Todo ello implica indirecta y directamente potenciar la educación pública y en consecuencia un mayor presupuesto a la Universidad de El Salvador.

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