Judiciales

“Mecafé” enfrentará el juicio por evasión de impuestos en libertad aunque seguirá preso por el caso Chaparral

El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador ordenó ayer que el empresario José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como “Mecafé”, enfrente en libertad el proceso judicial por supuesta evasión de impuestos equivalente a $227,537.48 en los ejercicios fiscales de 2014 y 2015.

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que el juez no consideró necesario decretar prisión contra Menéndez  y que la apelación solo sería un trámite puesto que “Mecafé” ya está detenido en el sector 9 del centro penal La Esperanza (Mariona) por Saqueo Público, y su papel en el supuesto soborno por la presa El Chaparral durante la administración de Mauricio Funes.

El fiscal del caso dijo que cuando el juez entregue la resolución por escrito, el próximo martes, evaluará una posible apelación a la libertad decretada contra “Mecafé”. El representante de la FGR agregó que la apelación solo sería un trámite puesto que ya está detenido en el sector 9 del centro penal La Esperanza (Mariona).

La defensa de Miguel Menéndez aseguró que la principal prueba con que cuenta la fiscalía, una auditoría realizada por la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, es ilegal. La irregularidad se debería a que la institución no informó a “Mecafé” acerca del estudio sobre sus impuestos, dijeron los abogados del imputado.

“Cuando se va a practicar un informe hay una designación de auditores. Esa designación no fue comunicada, no aparece que  haya comunicación a don Miguel. Se realiza la auditoría y tampoco se le comunicó. Es ilegal”, dijo su defensor Ulices del Dios Guzmán.

“La defensa establece esos parámetros, aunque no es la fase adecuada para hacerlo. Eso se deberá ventilar en la fase de Instrucción. Ellos aluden a que dentro de los informes y las diligencias previas no había una notificación, pero eso deberá constar en el expediente administrativo (de Hacienda). Por lo tanto es prematuro”, respondió el representante fiscal.

La parte acusadora informó que tiene previsto solicitar al juzgado de Instrucción que reciba el caso dentro de seis meses para fortalecer la pesquisa.

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