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Nayib Bukele amenazó a Tigo El Salvador con aplicar “todo el peso de la ley”, si continua cobrando por sus servicios

Nayib Bukele ordenó a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) aplicar “todo el peso de la ley” a la a la empresa de telecomunicaciones Tigo El Salvador por hacer cobros indebidos durante la emergencia por la pandemia del coronavirus.

Esta reacción surge luego que algunos ciudadanos denunciaran en redes sociales que en sus pantallas estaban apareciendo mensajes de cobros por sus servicios, de igual manera Tigo está realizando llamadas de cobro a sus clientes, esto pese a que la Asamblea Legislativa aprobó hace algunas semanas la postergación de pagos de recibos de servicios básicos como agua, energía eléctrica, cable, Internet y telefonía celular de marzo, abril y mayo, para los usuarios que resulten afectados por la emergencia.

“Señores Tigo El Salvador, ustedes son la empresa de telecomunicaciones que más se rehúsa a aplicar las medidas ordenadas por el Gobierno y que más están afectando a los salvadoreños. He instruido al Superintendente Manuel Aguilar a que proceda con todo el peso de la ley”, escribió el presidente Bukele, a través de sus redes sociales.

Minutos después, el superintendente de la SIGET, Manuel Aguilar, replicó el mensaje del Presidente y afirmó que cumpliría la orden de inmediato.

“En este mismo momento presidente Nayib Bukele. He instruido al equipo de la Gerencia de Telecomunicaciones y Legal de SIGET a que proceda con la orden señor presidente”, señaló Manuel Aguilar.

Y es que Tigo está violentando lo aprobado por los diputados el pasado 20 de marzo, que es la postergación del pago de servicios de agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones (cable, Internet y telefonía) se aplica a las facturas de los meses de marzo, abril y mayo de 2020, las cuales se cancelarán en un plazo de hasta 12 meses.

Además la orden girada por la SIGET señala que el valor de la factura por los servicios que se difiere su pago no deberá sufrir recargos por ningún concepto de mora, intereses u otra penalidad.

Los beneficiarios para estas medidas son las personas naturales o jurídicas y municipalidades que hayan experimentado una disminución de sus ingresos de forma directa o indirectamente por los cierres parciales o totales que gradualmente se han establecido como medidas para contener la entrada y expansión del coronavirus (COVID-19).

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