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Nicaragua aprueba la “Ley del perdón” y ofrece beneficios sociales a familias de las víctimas de la represión

EFE

La «Ley del perdón» como salida legal a la crisis para ofrecer amnistía o indulto había sido advertida por la oposición que considera que esto podría dejar las puertas abiertas para que un grupo de personas que han cometido crímenes lleguen al poder en el futuro.

La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua aprobó este miércoles la llamada “Ley del perdón”, solicitada por el presidente Daniel Ortega en el marco de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos desde abril de 2018, y calificada por opositores como una “amnistía parcial”.

La “Ley para un Plan Integral de Atención a Víctimas del Terrorismo Golpista” fue aprobada por 69 votos sandinistas, frente a 15 de la oposición.

La nueva legislación garantiza beneficios sociales a las personas que sean clasificadas como víctimas por la estatal Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos e “instituciones involucradas”.

Contrario a lo que la oposición extraparlamentaria esperaba, la “Ley del perdón” no fue explícita en otorgar una amnistía o indulto a los responsables de los crímenes ocurridos en el contexto de la crisis.

No obstante, el diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Miguel Rosales, advirtió que la ley “parcialmente viene a ser una amnistía”, ya que el Gobierno podría incluir a los agresores entre las víctimas, y mantener a los “presos políticos” en prisión o bajo medidas cautelares a pesar de su alegada inocencia.

El Gobierno de Ortega ha sido criticado de forma continua por supuestamente hacer pasar a los agresores como víctimas y viceversa, especialmente en los casos de opositores que han sido asesinados.

El diputado del partido indígena Yatama, Brooklyn Rivera, se quejó porque la legislación “lamentablemente no incluye justicia, creo que el clamor general en este país es que haya justicia”.

Rosales calificó de “demagogia” el plan del Gobierno, de superar la crisis brindando beneficios sociales a las personas que clasifique como víctimas.

“Es falso todo lo que dicen”, dijo el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, en repuesta a los señalamientos.

La “Ley del perdón” como salida legal a la crisis para ofrecer amnistía o indulto había sido advertida por la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, contraparte del Gobierno en las negociaciones para solucionar la crisis, pese a que el tema no fue discutido por las partes.

Los opositores también rechazan la amnistía o indulto, porque consideran que esto podría dejar las puertas abiertas para que un grupo de personas que han cometido crímenes lleguen al poder en el futuro, como ya ocurrió en el pasado.

La “Ley para un Plan Integral de Atención a Víctimas del Terrorismo Golpista” fue aprobada por el oficialismo, con “trámite de urgencia”, horas después de que Ortega la envió al Parlamento.

La crisis sociopolítica en Nicaragua ha dejado al menos 325 muertos desde el estallido social del 18 de abril de 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha responsabilizado al Gobierno por la violencia. ONGs locales cuentan hasta 594. Ortega reconoce 199.

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