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Organizaciones señalan que «ley de impunidad» es una amnistía encubierta

Organizaciones sociales pidieron esta mañana al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, que vete el proyecto del ley de reconciliación nacional en caso de que sea aprobado por los diputados de la Asamblea Legislativa, «a toda prisa y sin consulta con las víctimas» sobrevivientes del conflicto armado. 

Los demandantes expresaron que el documento representa una «amnistía encubierta» que violenta la dignidad de las víctimas y familiares sobrevivientes de la guerra civil. 

«Señor presidente, ante la amenaza de los diputados, le instamos a no sancionar  una nueva ley denominada de ‘reconciliación’, pero que será en realidad una nueva ley de impunidad, violatoria de los derechos humanos y de la Constitución, que atropellará la dignidad de las víctimas sobrevivientes y familiares», exponen las organizaciones a través de un comunicado de prensa. 

El proyecto de ley cuenta con el respaldo de las bancadas de ARENA, FMLN, PDC y PCN, por lo que podría ser aprobado este próximo jueves, en sesión plenaria, para que entre en vigencia lo más pronto posible. 

«Antes la llamada Comisión Ad hoc y ahora la comisión política de la Asamblea Legislativa han actuado violentando diversos principios de la actividad legislativa, entre ellas su negativa de escuchar a las personas y sectores a quienes afectará la nueva ley. También han violentado los principios de participación, publicidad y libre debate», argumentan las organizaciones.

Asimismo, las organizaciones pidieron a Sánchez Cerén una reunión privada para exponer sus puntos de vista sobre este proyecto de ley.

«Le solicitamos nos conceda una audiencia, a la brevedad posible, antes de tomar la decisión de sancionar la nueva ley de impunidad que han pactado cuatro partidos políticos en la Asamblea Legislativa«, aseguraron.

Manifestaron que, el pasado 21 de mayo, presentaron un proyecto de ley que «sí reúne los estándares de derechos humanos, cumple con la Constitución y ha sido validado en una consulta territorial con las víctimas». 

El grupo de organizaciones está integrado por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), la Universidad de El Salvador (UES), Tutela Legal, Cristosal, FESPAD, Pro-Búsqueda, Fundación Comunicándonos, ASOFEBE, Concertación Monseñor Romero y el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos «Madeleine Lagadec». 

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