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Reformas constitucionales en Panamá, otra víctima del nuevo coronavirus

La Estrella de Panamá

El PNUD ha concentrado todos sus esfuerzos en la crisis sanitaria. Desde la sociedad civil organizada vislumbran que la propuesta no se aprobará durante este quinquenio.

Las reformas constitucionales anheladas que el gobierno de Laurentino Cortizo impulsó con fuerza desde el primer día, terminaron siendo otra de las víctimas del nuevo coronavirus.

Después de que el Ejecutivo decidiera retirar el paquete de reformas de la Asamblea Nacional, que se había aprobado en la primera legislatura, la propuesta deberá ser sometida a un diálogo nacional con la mediación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El 23 de diciembre pasado, El Ejecutivo y el PNUD firmaron un acuerdo para ejecutar el diálogo nacional. La idea del organismo internacional contempla realizar mesas provinciales y comarcales, además de una mesa nacional.

El PNUD informó en enero pasado, el inicio del diseño del plan, un proceso que duraría unos cinco o seis meses, sin embargo, a raíz de la crisis sanitaria por el Covid-19, todo ha quedado paralizado. El organismo indicó a La Estrella de Panamá que en estos momentos todos los esfuerzos están enfocados a contrarrestar la pandemia.

Para Enrique de Obarrio, impulsor de las reformas desde la sociedad civil organizada, es “muy difícil” que estas sean aprobadas en dos legislaturas de la Asamblea Nacional durante este quinquenio, como lo habían planeado el gobierno y los sectores que participaron en la redacción de la propuesta a lo interno de la Concertación Nacional para el Desarrollo.

De Obarrio reiteró que las reformas constitucionales son necesarias, pero dadas las circunstancias –primero el retiro en la Asamblea en diciembre pasado y ahora la crisis sanitaria– es entendible que se postergue la consideración del tema.

En un escenario optimista, de Obarrio considera que las reformas constitucionales serían aprobadas en dos asambleas legislativas, como lo establece el numeral 1 del artículo 313 de la Constitución Política. Es decir, durante el último periodo de la Asamblea de este quinquenio y el primero de la próxima que resulte de las elecciones generales de 2024.

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