BRP convoca a marcha en contra de los atropellos del gobierno a la Constitución

“Convocamos a las organizaciones sociales y a los ciudadanos a marchar contra los atropellos de este Gobierno que ha venido realizando todo este año”, manifestó, Fran Omar Rodríguez, representante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP).

“Incorporemonos a esta marcha para denunciar el retroceso que hay en el país, en materia de derechos humanos y la criminalización de las personas defensoras”, agregó Rodríguez.

La convocatoria para la marcha está para el próximo domingo 12 de diciembre, iniciando con una concentración en el parque Cuscatlán, a las ocho de la mañana, y luego, caminar hasta la Plaza Cívica en el Centro Histórico de San Salvador. Las desapariciones de mujeres, que según datos de la Fiscalía General de la República, solo entre enero a abril del presente año, fueron 306 casos, que superan las cifras de 2020. Así como, las 438 personas reportadas bajo el estatus de desaparecidas que las autoridades aún no resuelven, son las consignas que acompañarán esta marcha el segundo domingo de diciembre.

Sonia Urrutia, representante sindical e integrante del BRP, al mencionar porqué marcharán el 12 de diciembre, afirmó que será para exteriorizar “un basta ya a este régimen dictatorial y corrupto” que consideró, no garantiza los derechos constitucionales de un Estado de Derecho.

“Convocamos a esta nueva marcha para denunciar la pérdida de libertades y derechos, la persecución políticas, la libertad de presos y presas políticas, contra la inminente privatización del agua y la nueva ley de expropiación de tierras”, acotó.

Los motivos para marchar “sobran”, reafirmó Urrutia, al mencionar que con la nueva Ley General de Recursos Hídricos, enviada por el presidente Nayib Bukele, a la Asamblea Legislativa, en su mayoría de su partido Nuevas Ideas, le permitiría sin ninguna traba lograr un dictamen favorable, desechando las propuestas que por 15 años han hecho diversas organizaciones sociales, ambientalistas y de derechos humanos sobre el reconocimiento del derecho humano al agua ante la mercantilización en la que podría terminar.

Asimismo, denunciaron el acoso a las oeneges que están amenazadas por parte de la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil, por su trabajo en los territorios en la organización social y promoción de derechos humanos de la población.

Se pronunciaron también contra la Ley de Agentes Extranjeros, bajo el pretexto que pretende “evitar injerencia internacional”, a través de las organizaciones sociales y fundaciones , las que tildaron de “fachada”, y que las donaciones buscan expoliar el 40% del total que se done, lo que para las organizaciones es una persecución política.

En cuanto a las escuchas a periodistas, a medios de comunicación, diplomáticos y políticos opositores, el BRP consideró que era “palpable la persecución”, desde un régimen autoritario que trata de acallar las voces disonantes y denuncias a la violación de derechos humanos.

“Se ha denunciado el robo del FODES, que afecta a los municipios, queremos un alto al abuso de poder que viola la Constitución de la república. Y, exigimos el retorno de la democracia y la administración de justicia”, manifestó Urquilla.