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Pandilleros siguen extorsionando a transportistas y camiones repartidores de empresas

Pese a los anuncios que realiza el Gobierno del Presidente Nayib Bukele sobre el combate contra los grupos delictivos como maras y pandillas, y a las medidas restrictivas que se han implementado en las cárceles del país, los delincuentes siguen extorsionando a los motoristas del transporte público y a los de los camiones repartidores de productos de primera necesidad en todo el país.

Ante esa realidad, los transportistas piden al Gobierno que realice acciones concretas en defensa de los trabajadores del transporte público y de las empresas de productos básicos.

Las rutas con mayores extorsiones están en Soyapango, Apopa, Tonacatepeque, parte de Santa Tecla, la zona sur de San Salvador y San José Villanueva.

René Velasco, miembro de la mesa nacional de transporte, atribuyó los últimos asesinatos de empleados del transporte público a presiones para que empresarios del sector paguen las extorsiones.

Este martes, la ruta 11, que hace su recorrido de San Marcos a San Salvador, amaneció en paro de labores como consecuencia del asesinato de uno de sus motoristas en un hecho que ocurrió ayer, frente a colonia Grimaldi y colonia Santo Domingo, sobre el tramo conocido como «calle vieja».

Al igual que los miembros del transporte colectivo, los conductores de camiones de diferentes empresas que distribuyen productos de primera necesidad en todo el país, y especialmente en San Salvador, son extorsionados por los delincuentes.

Los mareros y pandilleros dominan las zonas donde reparten los productos y mantienen un control para exigir el pago de las extorsiones, de lo contrario las unidades no puede ingresar a esa zonas.

El control llega a tal grado que los delincuentes obligan a los motoristas que les faciliten los números telefónicos de sus celulares para comunicarse con ellos y ordenarles el día, hora y lugar donde deben pagar las rentas.

Lo delicado de esto es que ese dinero sale de las bolsas de los vendedores ya que las empresas no les compensan las extorsiones que pagan mensualmente.

Los afectados manifiestan que esto es viejo y la Policía Nacional Civil sabe de estas extorsiones, pero hasta el momento el Presidente Bukele no ha hecho nada para terminar con estos actos delictivos.

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