TRACODA pide más control contra la corrupción del Estado
En la Asamblea Legislativa fueron presentadas dos solicitudes de reforma a la Ley de la Corte de Cuentas de la República para fortalecer el trabajo de contraloría que la institución ejerce ante las demás instituciones del Estado.
La solicitud de reformas fueron presentadas por la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos abiertos (TRACODA) presentaron y contemplan la creación de un registro de personas sancionadas para que dicha información esté al alcance de la población, además establecen plazos para que la Cámara de Segunda Instancia de la CCR resuelva recursos de apelación y revisión
La solicitud de la TRACODA señala que: “En este momento la ley no contempla plazos y los magistrados pueden tardar hasta 10 años resolviendo los diferentes recursos que los ciudadanos interponen, creemos que es importante delimitarlos para que haya pronta y cumplida justicia”.
Carlos Palomo, director de TRACODA, señaló que en las peticiones de enmienda se establece un período de dos años para que la Corte de Cuentas resuelva las sentencias, además de dar un plazo de 15 días para la presentación de recursos de apelación y seis meses para el de revisión de las resoluciones.
Además solicitó una modificación a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en sentido que se divulguen cada tres meses los datos estadísticos y de cumplimiento de las sentencias que resuelven las cámaras de primera y segunda instancia de la Corte de Cuentas.
La iniciativa busca terminar con el comportamiento cómplice que ha jugado por muchos años la Corte de Cuentas que ha obviado los actos de corrupción que han realizado gobiernos anteriores, y que al final del mandato de un Presidente le brindaban un documento oficial en donde se decía que había actuado de manera transparente, cuando en realidad había robado millones de dólares, los casos más recientes son los otorgados a los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes.
De igual manera TRACODA señala que hay otras instancias del Estado donde existe la corrupción como la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia donde se manejas millones de dólares de manera oscura.
