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Inician plenaria para quitar fuero al viceministro de Seguridad Mauricio Arriaza Chicas

Esta tarde, los diputados de la Asamblea Legislativa desarrollan la plenaria especial para someter a votación el dictamen de desafuero del viceministro de Seguridad y director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas.

En las afueras de la Asamblea representantes de diferentes sindicatos se apostaron para apoyar a Arriza Chicas con quema de pólvora y protestas.

Mauricio Arriaza Chicas, viceministro de Seguridad y director de la PNC.

A la Asamblea llegaron funcionarios de gobierno, como el Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya; el Ministro de Seguridad, el titular de Trabajo y la Comisionada para la Presidencia Carolina Recinos.

En horas de la tarde el pleno conoce el dictamen, se da la lectura del mismo y luego los abogados defensores tienen una hora para hacer uso de la palabra. Luego, la fiscal del caso, la diputada del FMLN Cristina Cornejo, tendrá el mismo tiempo para los alegatos en contra del director de la Policía.

Posterior a eso, se da un lapso de 15 minutos como mínimo hasta un máximo de 30 minutos para el derecho de réplica por una sola vez, tanto de los abogados defensores como de la fiscal.

Para quitarle el fuero Arriaza Chicas solo se necesitan 43 votos y ARENA y el FMLN, están a favor de quitarle la inmunidad a Arriaza Chicas: entre ambos partidos de oposición se logran 60 votos. Esto significa que, aunque cuatro o cinco diputados de ARENA se abstuvieran de votar o votaran en contra, Arriaza Chicas siempre sería desaforado.

Diputada del FMLN, Cristina Cornejo, fiscal en caso contra Arriaza Chicas.

El desafuero del director de la Policía se realiza a petición de la Fiscalía General de la República, para poder ser juzgado por desobedeció la orden de una comisión legislativa por no haber llevado con apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para que explicara el uso que le ha dado el gobierno a los $3,000 millones durante la etapa crítica de la pandemia por Covid-19.

El artículo 321 del Código Penal establece el delito de incumplimiento de deberes con penas que van desde los cuatro a seis años de prisión, además de la inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período.

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