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Nacionales

Diputados continúan analizando medidas para implementar una cuarentena focalizada

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa estudia este miércoles los insumos recabados en dos días de consultas con abogados constitucionalistas, economistas y académicos en torno a la petición de un régimen de excepción propuesto por el Ejecutivo.

Y es que la Asamblea tiene la tarea de encontrar esta tarde una manera de cómo mantener una cuarentena controlada sin detrimento de los derechos humanos y constitucionales de la población.

Los diputados admiten que urgente tomar medidas para frenar el alza de los contagios a raíz del Covid-19, ya que en las últimas semanas estos se han disparado y las muertes por la enfermedad también.

Pero, otros sectores critican a los diputados porque invitan a las reuniones a profesionales ligados con la derecha y clase dominante del país, a sabiendas que sus opiniones serán en contra de las propuestas que ha hecho el Presidente Nayib Bukele.

La semana pasada el Gobierno envió un proyecto de régimen de excepción que busca aplicar una cuarentena estricta en todo el territorio nacional durante 15 días, pero según los diputados ese mecanismo va en contra de la sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordenó a los diputados y al Ejecutivo encontrar medidas que al mismo tiempo que regulen la cuarentena no violen los derechos fundamentales de las personas.

El Ejecutivo insiste en mantener controles estrictos haciendo uso de la fuerza pública y del Ejército para coaccionar a la población que infrinja la cuarentena y evitar que salgan de su domicilio si no realizan actividades permitidas en los decretos ejecutivos, y para ello el Gobierno quiere que la Asamblea restrinja el derecho de libre tránsito, de reunión y de cambio de domicilio.

Los diputados se inclinan por las recomendaciones formuladas por los sectores invitados que plantean una cuarentena focalizada.

Los gremios coincidieron en que el proyecto de excepción del Gobierno viola la sentencia de la Sala por tener los mismos vicios de inconstitucionalidad que el máximo tribunal ordenó que no se sigan cometiendo.

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