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Bukele asegura que juicio contra funcionarios del FMLN evitará que esto se repita

El Presidente de la República, Nayib Bukele, sostuvo que esta nueva etapa favorecerá a todos los salvadoreños honrados, ya que evitará la impunidad en los delitos que atenten contra la Administración Pública.

“Si usted es un salvadoreño honrado, estará feliz por esta nueva etapa en nuestro país”, señaló Bukele.

Bukele fue categórico en decir que tras esta propuesta y con el respaldo de los diputados “la prescripción de los delitos de corrupción no existirá. Ni de este Gobierno, ni de ninguno de los anteriores”.

Esta propuesta fue entregada este martes por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. En la cual se detalla la propuesta de reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, que incorporaría la imprescriptibilidad en casos de peculado, cohecho activo, soborno transnacional, tráfico de influencias y otros.

Ante esto, el Jefe de Estado fue enfático en decir que todos aquellos que hayan cometido corrupción en este sentido, no podrán “dormir tranquilos”, ya que además, la ley es retroactiva e incluirá este y todos los Gobiernos anteriores.

Handal trata de justificar los sobresueldos

Por su parte el exdiputado Jorge Schafik Hándal, afirmó este martes que a la gente le puede incomodar el tema de los sobresueldos, pero son prácticas “legales”.

“El tema de los sobresueldos, que puede parecer incomodo, resulta que es legal… en el caso de los trabajadores de la empresa privada, un sobresueldo puede ser un bono, compensaciones, cumplimiento de metas; todo eso es un sobresueldo, entonces es legal”, aseguró exdiputado Handal.

En ese sentido Handal pidió este día la liberación de Carlos Cáceres, Calixto Mejía, Violeta Menjívar, Erlinda Hándal y Hugo Flores, todo ellos acusados por la Fiscalía General de la República (FGR), de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, respecto al tema de los sobresueldos.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, un aproximado de $2.5 millones de las arcas del Estado fue repartidos entre los 10 exfuncionarios del FMLN implicados en el caso Desfalco, y por eso los acusan de los delitos de lavado de dinero y activos y enriquecimiento ilícito.

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