FMI pide al gobierno de Bukele reducir $600 millones en gastos y aumentar $300 millones en ingresos en tres años
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, confirmó que en las reuniones que sostuvo recientemente en Washington para continuar la negociación con el Fondo Monetario Internacional, (FMI), que implica un ajuste fiscal del 4 % del Producto Interno Bruto, (PIB), es necesario que el Gobierno del presidente Nayib Bukele se comprometa a bajar el gasto en tres años.
Esta es una de las principales condiciones en las negociaciones para obtener un crédito por al menos $1,300 millones con el FMI, además se mantiene la propuesta de un ajuste fiscal del 4 % del PIB por tres años.
Zelaya indicó que iniciaron el estudio del artículo IV, el cual se refiere a la revisión de rutina que el FMI hace de las finanzas de los países socios. “Hay un calendario que no definimos nosotros”, dijo el funcionario.
Además de ello, Zelaya dijo que ya tienen “un borrador de las medidas” para realizar el ajuste necesario de cuatro puntos del PIB: 2.6 % por el lado de gasto y 1.4 % por ingresos. El funcionario dijo que dicho ajuste fiscal se necesitaba desde 2005.
Al ser consultado durante la entrevista sobre a cuánto equivaldría ese ajuste, como parte de las condiciones del FMI, Zelaya admitió que el gobierno debe comprometerse a reducir el gasto en aproximadamente $600 millones a un plazo de tres años, y de forma simultánea, aumentar el ingreso en unos $300 millones.
El ministro señaló que no se tiene contemplado un incremento al IVA como alternativa para aumentar ingresos, y aseguró que se deben evaluar cierto tipo de medidas para llegar a la cifra negociada con el FMI.
Como propuestas planteó la factura electrónica y el capítulo de precios de transferencias. “Tenemos la reactivación del capítulo de precios de transferencias, que se declaró inconstitucional, eso nos ayudaría a hacer el ajuste para llegar a lo negociado con el FMI”, dijo Zelaya.
De forma previa, se había conocido que el Fondo realizó tres solicitudes al gobierno salvadoreño, entre las que debe presentar un presupuesto balanceado para el ejercicio fiscal 2022, asumir compromisos de buena gobernanza y la rendición de cuentas sobre un préstamo de $389 millones que el FMI aprobó en abril de 2020 utilizados durante la pandemia por covid-19.
El EFF, acuerdo de facilidad extendida por sus siglas en inglés, detalla que las condiciones del crédito se extienden a un periodo de 20 a 25 años, según Zelaya, aunque el periodo de ejecución como tal son tres años.
“Las medidas se van hablando en conjunto entre las dos partes y se va midiendo fiscalmente cuánto se puede aportar hasta llegar al ajuste que se haya negociado”, manifestó.
Zelaya dijo que espera en los próximos días “dar un anuncio en conjunto con el FMI”. No obstante, las negociaciones, iniciadas el pasado mes de abril, “avanzan a un ritmo muy lento”, según ha señalado la empresa inglesa de servicios financieros EMFI, en su reciente análisis sobre el país titulado: “Mentiroso, mentiroso”.
Aunque ha habido “progresos” en las conversaciones, el portavoz del organismo, Gerry Rice, indicó en rueda de prensa a principios de noviembre que hay “acontecimientos” que se han producido en estos meses que obligan a El Salvador a “volver a evaluar algunas de las medidas necesarias para asegurar crecimiento inclusivo, sostenibilidad fiscal y estabilidad financiera”.
Analistas económicos advierten que son las decisiones políticas y de confrontación con Estados Unidos de Nayib Bukele algunas de las razones que han detenido la aprobación del acuerdo financiero con El Salvador.
Además, el organismo dirigido por Kristalina Georgieva ha advertido en varias ocasiones a El Salvador que adoptar el bitcóin como moneda de curso legal puede implicar “significativos riesgos” en los ámbitos macroeconómico y financiero.
