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Abogados defensores consideran que los sobresueldos no son delito

La Fiscalía de El Salvador tiene seis meses para robustecer las investigaciones contra 10 miembros del FMLN acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, tras ser acusados de haber recibido sobresueldos entre 2009 y 2014 cuando fueron funcionarios de Gobierno.

Sin embargo, los abogados defensores de los acusados creen que la investigación fiscal es débil porque recibir sobresueldos no está tipificado como delito en el Código Penal.

Ernesto Feusier, uno de los abogados defensores de los exfuncionarios cree que el caso tiene reserva debido a que la Fiscalía busca que no se conozcan públicamente “las presuntas pruebas que va presentando para sostener sus acusaciones”.

Un caso puede ser declarado como reserva si se trata de proteger bienes jurídicos mayores, como la identidad de una víctima de abuso sexual o abuso de menores, entre otros, no así el caso de los exfuncionarios, agregó Feusier.

Otros creen que se trata de persecución política contra opositores al Gobierno de Nayib Bukele.

Mientras otros consideran que las capturas son el resultado del buen funcionamiento de la justicia, que hoy tiene tras las rejas, de manera provisional, a Violeta Menjívar, Carlos Cáceres, Erlinda Handal, Hugo Flores y Calixto Mejía. El resto no ha sido capturado pues se han dado a la fuga.

Sin embargo, el Fiscal General, Rodolfo Delgado, considera que la investigación no es débil y asegura que tiene los recibos firmados por los acusados donde constan los montos que recibieron en concepto de sobresueldos. “El punto es que estos sobre sueldos no fueron declarados ante la renta como otros ingresos y eso los convierte en delito”, señala.

El Fiscal dijo que en los próximos días se completarán las investigaciones contra otros 54 exfuncionarios que también serán procesados por haber recibido pagos adicionales a su salario, salarios que no fueron detallados en planilla.

El Fiscal reconoce que este tipo de delito “es un poco complejo, porque tienden a confundirse los dineros que son ilícitos con aquellos dineros que se obtienen conforme a la ley”.

Asimismo, aseguró que el caso no es parte de un entramado de “persecución política” contra opositores, como lo ha asegurado el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz. Delgado señaló que es una investigación que lleva dos años preparándose.

Por su parte, el abogado Eduardo Escobar, de la organización Acción Ciudadana, no ve en la investigación un delito como el señalado por la Fiscalía. Más bien considera que al tratarse de pagos extras “bajo de agua” entregados a funcionarios que no eran subalternos directos del Presidente, se tipifica “popularmente se conoce como soborno, y esto configura en el delito de cohecho”.

El abogado reconoce que perseguir la corrupción del pasado en El Salvador era una deuda de los gobiernos anteriores. Sin embargo, sí señala que ahora mismo se está haciendo una “aplicación selectiva de la justicia, ya que no se está persiguiendo ni juzgando a funcionarios señalados actualmente”, tal es el caso de la lista Engel.

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