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La Fiscalía General solicita que el caso ASOCAMBIO pase a etapa de instrucción

La fiscal del caso de los exfuncionarios de Seguridad y Centros Penales, en la administración de Sánchez Cerén, detalló que el dinero se sustraía de las 21 tiendas penitenciarias, utilizando la figura del funcionario y el particular.

Además, indicó que los montos se invertían en el crecimiento de la asociación particular, específicamente en bienes materiales.

El requerimiento es contra 21 personas, entre reos ausentes y reos presentes.

El resto de los imputados están vinculados con ANDA, quienes tuvieron injerencia en dicha situación con ASOCAMBIO, afirmó la fiscal del caso.

La Fiscalía General solicita que el proceso pase a etapa de instrucción, en donde se realizará la pericia financiera contable, que permitirá determinar la cantidad exacta que se desvió a ASOCAMBIO en el período 2018 y 2019.

Defensa cuestionó acusación de FGR en caso Asocambio

Los abogados defensores de exfuncionarios de Seguridad señalan que la acusación es para desviar la atención de problemas del país.

Pedro Cruz, defensor del exministro de Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo ayer que existe un acto de injusticia e ilegalidad en el caso Asocambio con respecto a la acusación que Fiscalía presentó el pasado domingo contra 21 personas, entre ellos nueve exfuncionarios del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Además, calificó el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público como una «flatulencia jurídica» y señaló también que la acusación contra los exfuncionarios puede considerarse como una nueva persecución política.

«Se les está cuestionando únicamente para lanzar una cortina de humo por otros problemas serios y graves que el país tiene, aquí no hay ningún delito que se puede atribuir a las personas que están acusando», indicó Cruz quien también ejerce la defensa técnica del exdirector de Centros Penales, Marco Tulio Lima; y de los ex funcionarios Orlando Elías Molina y Ramón Fernando Roque.

La Fiscalía General de la República (FGR) los acusa por, presuntamente, estar vinculados a un mecanismo de desvío de dinero y uso discrecional de recursos de tiendas penitenciarias relacionadas a la Asociación Yo Cambio (Asocambio).

«Tenemos pruebas que demuestran en que se invirtió cada centavo que entró en las tiendas institucionales. Ningún centavo fue a parar al bolsillo de ningún funcionario», dijo Cruz.

Ayer, el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador instaló la audiencia inicial contra los 21 imputados a quienes les acusan por los delitos de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad ideológica; sin embargo, las acusaciones varían para cada uno de los señalados.

«Al exministro Ramírez Landaverde se le acusa como cómplice, ni siquiera como autor eso no lo dijeron, lo que ha ocurrido es que la Fiscalía a última hora cambió su acusación», señaló Cruz.

A la audiencia también se presentaron voluntariamente nueve empleados de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) que son señalados en este proceso por el delito de cohecho impropio.

El abogado Miguel Ángel Anaya defiende a dos empleados de esa institución y aseguró que la Fiscalía dejó de lado el nivel de jerarquía que se utiliza en la autónoma. Señaló también que el expresidente de ANDA del Gobierno de Nayib Bukele, Frederick Benítez era el gerente general de la institución y cuestionan por qué no forma parte de los procesados.

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