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Exministro de Defensa, Atilio Benitez, es acusado de enriquecimiento ilícito

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este jueves una demanda en contra José Atilio Benitez Parada, exviceministro de Defensa durante el periodo 2009-2011, en el gobierno del FMLN presidido por Mauricio Funes, su esposa, Emma Isaura Muñoz también está acusada por presunto enriquecimiento ilícito.

Según la fiscal del caso, la investigación inició por medio de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de justicia (CSJ), luego que el exviceministro presentara su información patrimonial al concluir su cargo, en el año 2011.

Con base en los datos presentados, según la Fiscalía, se encontraron al menos cinco irregularidades al verificar la información: no pudieron justificar un monto que supera los $169 mil.

Según la Fiscalía, Probidad detectó que Benítez habría realizado 40 depósitos bancarios en cuentas corrientes, por un monto de $113,344, de los cuales no pudo comprobar su procedencia.

En el caso de su esposa, el fiscal afirma que se le encontraron cuatro irregularidades que suman la cantidad de $56,613.35, correspondientes a depósitos en cuentas de ahorro y cuentas corrientes, cuya procedencia tampoco fue justificada.

En total, según Probidad, el patrimonio del funcionario y su esposa incrementó de forma injustificada hasta por un monto de $169,957.35.

Benítez utilizó el cargo desde el año 2009 al 2011, durante el mandado del expresidente Mauricio Funes.

La Fiscalía acusó por primera vez a Benítez en 2016, por  supuestamente dirigir una red criminal enquistada en la Dirección de Logística del Ministerio de la Defensa, dedicada a la comercialización de armas inscritas de forma fraudulenta.

Según la FGR, aprovechándose de un decreto que entró en vigencia el 25 de mayo del 2009, Benítez legalizó armas en 45 días; sin embargo, el documento se usó cuando el decreto ya había vencido.

De acuerdo a un testigo consultado por la Fiscalía, en el 2010, cuando la vigencia del decreto había terminado, Benítez le pidió legalizar armas falsificando documentos y declaraciones juradas, para hacer constar que los trámites se hicieron en los 45 días de vigencia del decreto.

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