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La ley de Agentes Extranjeros se aprobará hasta que haya consenso con el cuerpo diplomático y las organizaciones

Representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) rechazan la posibilidad de formar parte de la discusión de una modificaciones al proyecto o al dictamen favorable de la Ley de Agentes Extranjeros. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, prometió que buscarían consensuar la normativa con el cuerpo diplomático y la “verdadera sociedad civil”.

El dictamen favorable fue detenido tras el amplio rechazo que recibió por parte de organizaciones nacionales e internacionales. La semana pasada, Castro afirmó que “todavía no hay ninguna ley” y que se aprobaría hasta que haya “consenso con la comunidad internacional”.

Sin embargo, las organizaciones desconfían de cualquier tipo de normativa que esté orientada a regular sus actividades en el territorio.

El dictamen favorable aprobado el 16 de noviembre por la Comisión de Relaciones Exteriores incluye un impuesto del 40 % y prohíbe actividades contra la estabilidad política o el orden público, estableciendo penas de 3 a 5 años de prisión.

«Si debo pedir algo al cuerpo diplomático es que no acepten ninguna extorsión, ni ningún chantaje ese proyecto de ley no tiene cabida en la democracia”, señaló Amalia López, ambientalista.

Xenia Hernández, de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), aseguró que no aceptarían una nueva versión de la Ley de Agentes Extranjeros, ni ningún tipo de enmienda a la actual. “No es una cuestión de una nueva propuesta, no tiene nada que ver con cambios puntuales a la ley. Lo que nosotros simplemente exigimos es la no creación de este tipo de legislación que busca callar a voces críticas y entorpecer el trabajo de las organizaciones de sociedad civil”, afirmó.

A criterio de Hernández, el Gobierno busca eliminar o censurar a las organizaciones para que “no haya denuncias de las arbitrariedades y de las violaciones a los derechos humanos” en El Salvador.

Amalia López, del Movimiento de Mujeres de Santo Tomás, tampoco apoya este tipo de leyes en ninguna versión. López exhortó a la cooperación internacional a rechazar la propuesta. “Para continuar cooperando los agentes extranjeros deben adoptar condiciones como pedir a las organizaciones beneficiarias que se abstengan de participar de acciones de calle u otras actividades públicas de repudio a las medidas del Gobierno”, reclamó.

Ernesto Castro.

«No vamos a aceptar una nueva versión de la Ley de Agentes Extranjeros, es una ley que busca callar No es un mecanismo de fortalecimiento a la sociedad civil”, Xenia Hernández, directora ejecutiva de fundación DTJ.

“Si debo pedir algo a los actores del cuerpo diplomático es que no acepten ninguna extorsión, ni ningún chantaje. Ese proyecto de ley no tiene cabida en democracia alguna”, añadió.

Por su parte, el director ejecutivo de Acción Ciudadana (AC), Eduardo Escobar, tampoco aceptó la propuesta para buscar una nueva redacción de la normativa. “Las organizaciones no aceptamos un cambio, una nueva ley o reforma”, explicó.

Escobar indicó que son diferentes los agentes de cooperación extranjera que trabajan con organizaciones salvadoreñas y las personas contratadas por terceros para incidir en la política local, los “cabilderos”, que, dice, “obviamente deben ser regulados”. La AC promueve desde 2019 una reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública para que las personas con quienes se reúnen los funcionarios se divulguen de forma oficiosa, así como los objetivos de las reuniones y los logros alcanzados.

«Lo que se pediría es que se deseche el proyecto, que se envíe al archivo y no se vuelva a promover, eso es lo que se espera”, Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana.

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