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Amnistía Internacional pide derogar reformas penales porque afectan los DD.HH.

El último informe de Amnistía Internacional, denominado ‘Detrás del velo de la popularidad: represión y regresión en materia de derechos humanos en El Salvador’, pide derogar las reformas penales establecidas para juzgar a los capturados durante el régimen de excepción, porque violentan las garantías procesales y ponen en riesgo los derechos humanos.

“Revisar y derogar la normativa creada para facilitar la implementación del régimen de excepción, que suspende permanentemente garantías del debido proceso, asegurando que se respeten y mantengan las garantías de un juicio justo y los derechos al debido proceso”, dice una de las recomendaciones del informe.

El documento también indica que, aunque la Asamblea decidiera no prorrogar el régimen de excepción, persistiría el riesgo de profundizar la crisis de derechos humanos en El Salvador, porque las reformas socavan las garantías. No obstante, pide poner fin al régimen para detener las capturas arbitrarias.

En agosto reciente, la Asamblea aprobó una serie de reformas penales para procesar a los detenidos del régimen de excepción en grupo, por estructuras o “clicas”, bajo la premisa de que pertenecen a pandillas.

Para ello, los diputados aprobaron un decreto que da un periodo de dos años a la fiscalía general de la República, para organizar las investigaciones.

Esta reforma penal dista del procedimiento que se tenía hasta el momento, donde los fiscales individualizaban las acciones del imputado para demostrar su culpabilidad ante los tribunales.

En septiembre pasado, el embajador de Estados Unidos, William Duncan, señaló la falta del debido proceso en el régimen de excepción y urgió a “volver a la normalidad en el debido proceso de la ley, lo más pronto posible”, también dijo que su país quiere respaldar a El Salvador en la transición del régimen al respeto de la ley.

Un mes más tarde, el director general para las Américas de Servicio Exterior de Acción Europea de la Unión Europea, Brian Glynn, aseguró que existe voluntad “de las partes de volver a la normalidad”.

El régimen de excepción fue aprobado hace 21 meses y según los datos de Amnistía, hasta octubre iban 73,800 detenidos, 327 desaparecidos forzados, 190 muertes bajo custodia del Estado y calcularon un hacinamiento del 236 %, con 102,000 privados de libertad.

Amnistía Internacional también indicó que existe un clima restrictivo del espacio cívico que se traduce en autocensura de periodistas y organismos, además de autoexilios de periodistas, defensores y exoperadores de justicia.

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