Aprueban polémica Ley de Amnistía en Nicaragua
Los diputados sandinistas de Nicaragua votaron por una ley que beneficiará a los que cometieron delitos en la crisis política.
El Parlamento de Nicaragua, controlado por el oficialismo, aprobó ayer con carácter urgente una Ley de Amnistía que absuelve de responsabilidad a quienes han cometido delitos en el marco de la crisis que estalló hace más de un año y que ha dejado cientos de muertos y detenidos, y decenas de miles en el exilio.
La iniciativa, propuesta por el grupo parlamentario sandinista, que es mayoría absoluta en el Congreso, concede «amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha».
La amnistía se extiende a las personas que no han sido investigadas, que se encuentran en procesos de investigación, en procesos penales para determinar responsabilidad y en cumplimiento de ejecución de sentencias.
Por tanto, según ordena la Ley, las autoridades competentes no comenzarán procesos de investigación, deberán cerrar los procesos administrativos iniciados y los procesos penales para determinar responsabilidad, así como la ejecución de sentencias.
Asimismo, las personas que se encuentran privadas de libertad al momento de la entrada en vigor de la Ley deberán obtener su libertad de forma inmediata.
Las autoridades cancelarán los registros de antecedentes penales de todas las personas beneficiadas con la amnistía.
La norma cubre todos los delitos políticos y los delitos comunes conexos, excepto aquellos regulados en tratados internacionales de los que Nicaragua forma parte.
Las personas beneficiadas con la Ley deben abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas.
La inobservancia del principio de no repetición trae como consecuencia la revocación del beneficio establecido por esa Ley.
Oposición nacional e internacional
La iniciativa fue rechazada por los diputados opositores bajo el argumento de que no ofrece justicia a las víctimas de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega, que comenzaron por unas impopulares reformas a la seguridad social. También porque la Ley está basada en la tesis oficial de que las manifestaciones antigubernamentales fueron un intento de golpe de Estado.
A juicio de la oposición, con esa amnistía el Ejecutivo lo que pretende es liberar de acusaciones legales «a su gente», entre los que mencionaron a la Policía Nacional y a los civiles armados que con las fuerzas de las armas levantaron los bloqueos en las vías que había instalado la oposición entre mayo y julio del año pasado para presionar al Gobierno.
Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mayor responsable de la violencia que ha dejado cientos de muertos es el Gobierno de Ortega, que a mediados de 2018 se valió de policías y fuerzas «parapoliciales» con armas de guerra para atacar a civiles.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se pronunció en contra de esa Ley, señalando que «el Gobierno tiene el deber de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas».
«Las amnistías por graves violaciones de derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional. Estas generan impunidad, lo que puede llevar a más violaciones», recalcó la alta comisionada.
El grupo Acción Penal, integrado por abogados que defienden a los denominados presos políticos, advirtieron que esa Ley genera impunidad, inseguridad jurídica, y limita los derechos y garantías de los opositores detenidos.
