IDH condenó a El Salvador por violar derechos a las garantías judiciales
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) encontró responsable al Estado salvadoreño luego de recibir la demanda interamericana de Miguel Ángel Aguirre Magaña, quien el 13 de noviembre de 1993 trabajaba en el Juzgado de Apaneca, en Ahuachapán, y se desplazaba en el vehículo propiedad del juez cuando explotó una granada.
Producto de la explosión Miguel Ángel Aguirre sufrió la amputación de su pierna derecha, la pérdida de audición del oído derecho, así como lesiones su pierna y oído izquierdo. Tras ello, Aguirre denunció que el dueño del carro tenía una granada dentro del vehículo e inició un proceso penal que tuvo al menos cinco traslados a diferentes jueces.
«Por razones de competencia y, particularmente, por la relación laboral que habría entre los jueces y el señor Aguirre Magaña en el Poder Judicial, la causa fue remitida en al menos cinco ocasiones, a distintos despachos».
Once años después, hubo una resolución que confirmó el sobreseimiento del acusado, debido a que no se probó la participación del imputado en los hechos.
En este caso, la Corte IDH no conoció si el imputado es el responsable o no, sino que discutió el tiempo en el que se tardó el poder judicial en resolver la demanda. En la audiencia, la resolución cita que «el Estado (salvadoreño) realizó un reconocimiento total de responsabilidad internacional», por la violación a los derechos mencionados e hicieron un acuerdo de reparación amistosa.
El Estado salvadoreño acordó como medida de «satisfacción» a la víctima que hará un conservatorio con autoridades y operadores de justicia de la zona occidental del país sobre estándares interamericanos en materia de acceso a la justicia, una medida para la que da un año. También ordena que se capacite a los operadores de justicia en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad.
El Estado también deberá proveer a la víctima, el tratamiento médico que requiera «con enfoque diferenciado», los servicios de rehabilitación y prótesis que necesite, tratamiento psicológico, además, de una indemnización de $35,000.
