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Agenda 2030

Persiste crisis del agua en El Salvador, dicen ambientalistas

La Ley General del Recurso Hídrico que entró en vigor a partir del día 13 de julio de 2022, tiene el propósito que el acceso al agua potable, de calidad, segura, suficiente y a un costo accesible y asequible para todos, es decir un derecho fundamental para los seres humanos.

A un año que entró en vigor la Ley General del Recurso Hídrico que tiene el propósito que el acceso al agua potable, de calidad, segura, suficiente y a un costo accesible y asequible para todos, es decir un derecho fundamental para los seres humanos, pero esto no se cumple.

“La crisis hídrica se mantiene en El Salvador a un año de vigencia (de la Ley), una crisis que se manifiesta con falta de acceso de las poblaciones a agua suficiente para una vida digna, pero por otro lado existe una pésima calidad de agua que se mantiene en poblaciones más vulnerables, más pobres”, resaltó Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).

El ambientalista agregó que esta crisis podría empeorar debido al aparecimiento de fenómenos climático que afectan a gran parte del área centroamericana donde los gobiernos no están previendo que este vital líquido es cada vez más escaso y dentro de unos diez años podría desaparecer en muchos lugares, por la falta de prevención para su existencia.

Otro de los desafíos que aún no cumple la Ley, expresó González, es el precio del canon por el aprovechamiento del agua, que es el mismo para las industrias como para las comunidades, lo cual es cuestionado porque la industria la ocupara para servirse de ella y hacer más dinero, pero la gente la necesita para subsistir.

“Lo que vemos es que se está aplicando el precio máximo de 35 centavos a todos los usos y obviamente estos favorece a los usuarios industriales, a las grandes empresas en detrimento de las comunidades más pobres y vulnerables. Obviamente, esto genera un mayor impacto en estas poblaciones, entonces no debería ser generalizado el cobro de este canon, sino que, atendiendo a diferentes usos, por ejemplo en el caso la agroindustria azucarera, que utiliza grandes cantidades de agua, pagaría lo mismo que las juntas comunitarias de agua que se la ven complicado día a día para poder llevar el agua a las diferentes familia que son beneficiarias”, detalló.

Gloria Cruz, una de las representantes del Foro del Agua, expresó que otro de los aspectos que la Ley no ha priorizado en un año de vigencia son los criterios técnicos para la emisión de permisos de exploración, lo que genera inseguridad en las comunidades.

Explicó que ya existen disputas de las comunidades con las empresas por el uso del agua, “tal y como ocurre en el cantón Barranca Honda, en San Juan Opico, y el cantón de Ciudad Obrera, en Ciudad Arce, donde se han otorgado permisos para la perforación de pozos industriales a menos de 20 metros de los pozos comunitarios, poniendo en peligro el abastecimiento de las poblaciones empobrecidas”.

Por su parte, Rodolfo Calles, de la Alianza contra la Privatización del Agua, expresó que la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) debería tener en su junta directiva miembros de la sociedad civil. Dijo que se desconoce, por el momento, si ha sido nombrado un representante, pero en todo caso piden a la institución más “transparencia e información” en especial con las juntas de agua.

“Se ha identificado que la ASA ha estado realizando una serie de convenios y acuerdos con instancias del Estado, sin embargo, se desconoce cuáles son los elementos o los componentes de esos convenios tienen y han reservado la información, entonces nos preocupa esa parte, porque aquí bien nos haría adherirnos al acuerdo de Escazú, como Estado salvadoreño, para poder tener todo ese acceso a la información y la transparencia como parte de la sociedad civil”, destacó Calles.

Los ambientalistas destacaron que hasta el momento solo 315 juntas de agua se han inscrito en la ASA para el Registro Nacional de Recursos Hídricos, de aproximadamente 2,500.

El pasado 5 de julio, representantes del Foro del Agua y miembros de las juntas de agua de La Libertad y Morazán se concentraron a las afueras de las oficinas de ASA para inscribirse. En ese momento, 310 juntas se habían registrado, es decir que en nueve días se han sumado cinco más. El plazo vencía el 12 de julio, pero los ambientalistas dijeron que este se ha ampliado.

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