Defensoría del Consumidor esta vigilante al alza de precios que puede ser sancionado hasta con $150 mil
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, aseguró este lunes que los incrementos injustificados de precios de los productos de la canasta básica son faltas muy graves que pueden ser sancionadas hasta con los 200 salarios mínimos tal como lo señala la ley de protección al consumidor, y sobre todo ahora que el país está sufriendo los duros golpes que está ocasionando la pandemia del COVID-19. En la conferencia de prensa también estuvo presente el presidente de la Superintendencia de Competencia Gerardo Henríquez.
Salazar señaló que se ha puesto una denuncia al tribunal sancionador en contra de una empresa que está alterando los precios y “ojalá que el tribunal emita una sanción contra los que están alterando el precio máximo regulado con multas de hasta 500 salarios mínimos, equivalentes un poco más a 150 mil dólares”.
Por su parte, Gerardo Henríquez dijo que junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Defensoría están vendo cuales son los precios máximos de venta al consumidor. Señaló que la Superintendencia investiga si los precios han sido elevados arriba del normal o si están en el precio normal. Asimismo, se investiga si estos precios alterados son justificados o no. Además la Superintendencia, con el equipo técnico, también analiza si existen algunas prácticas anticompetitivas, y “si se comprobaran algunas de estas prácticas las multas son hasta cinco mil salarios mínimos”.
El superintendente señaló que la mayoría de empresarios están ayudando a superar esta crisis para que el consumidor se abastezca. Señaló que: “todos estamos en este esfuerzo para contrarrestar los efectos que ha producido este virus y además están a la orden de los empresarios para que en cualquier momento puedan pedir alguna información para no caer el irregularidades de incremento de precios, especialmente a los productos de primera necesidad tan necesarios en esta pandemia que está afectado a miles de salvadoreños, la gran mayoría de ellos hogares de escasos recursos económicos”.
