Anabel Belloso califica la decisión de abrir un nuevo juicio por la masacre de los jesuitas como una acción política
En la entrevista de YSKL, la diputada del FMLN, Anabel Belloso, dujo que la aceptación del amparo interpuesto por el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es una acción política.
Belloso dijo: “Lo que vemos ahora de parte del régimen de Bukele no es un compromiso real con la reparación o la resarcición de los derechos de las víctimas, sino que es el manejo malintencionado, siempre desde el punto de vista comunicacional, para generar cortinas de humo, desviar los temas que la gente está demandando con este tipo de situaciones”, dijo Belloso.
La diputada agregó “En esto, creo que, como lo vimos hace unos días en el pleno, alrededor de un indulto que se había solicitado por alguien relacionado al caso de los jesuitas, el manejo fue más para genera la percepción en la población de que ellos tienen un compromiso en este tema, pero ellos no lo tienen”.
En estos días se ha dado a conocer que la Sala admitió la demanda presentada por el Fiscal General contra la resolución que la Sala de lo Penal emitió el 8 de septiembre de 2020, mediante la cual declaró la nulidad absoluta del proceso penal instruido en el caso de la masacre de los sacerdotes jesuitas.
La Sala de lo Constitucional consideró que, con la resolución de la Corte Plena, se habría obstaculizado el acceso a la justicia de las víctimas y el derecho a conocer la verdad, generando un obstáculo al desarrollo del proceso penal correspondiente. El presidente de la CSJ, Óscar López Jerez, confirmó la resolución de la Sala y la notificación que se ha hecho a todas las partes.
Con esta acción, la Sala abre un camino a la búsqueda de la verdad y la justicia en uno de los casos más emblemáticos de la historia del período de la guerra civil en El Salvador. Esta acción llega luego que, pese a ejercer el poder del Órgano Ejecutivo durante 10 años, el FMLN no realizó acciones concretas para garantizar la reparación y justicia a víctimas del conflicto armado.
