CIDH insiste restablecer derechos y garantías suspendidas con régimen de excepción
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó nuevamente al Estado de El Salvador “restablecer” los derechos ciudadanos suspendidos por el régimen de excepción.
“La CIDH urge al Estado respetar los derechos humanos en la adopción de las medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad, así como a investigar, procesar y sancionar las actividades delictivas”, dijo la comisión adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA)
El 15 de marzo pasado la Asamblea Legislativa decretó prolongar el régimen de excepción establecido por el Decreto Legislativo 333 del 27 de marzo de 2022.
La Comisión internacional recordó a través de un comunicado que El Salvador “afirmó a la CIDH que, tanto las reformas a las leyes, como las herramientas y estrategias creadas para el combate a la violencia en el país, se han adoptado en respeto de los postulados constitucionales y a estándares internacionales de derechos humanos”.
La Comisión señaló que “si bien se tiene información del Estado de que el país alcanzó una reducción de la criminalidad sin precedentes, contabilizando 188 días sin homicidios en los últimos 12 meses”, han alertado “que la suspensión de derechos y garantías, especialmente cuando aplicada de manera indefinida, constituye un mecanismo inadecuado para enfrentar el crimen común”.
También la CIDH consideró que El Salvador “tiene la obligación de asegurar que las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos y libertades consagrados en la Convención (Americana de Derechos Humanos) se mantengan vigentes en toda circunstancia, inclusive durante los estados de excepción”.
La CIDH “ha manifestado reiteradamente su preocupación respecto de múltiples denuncias de abusos e irregularidades en las detenciones y diligencias judiciales efectuadas, así como violaciones a los derechos de las personas detenidas. También ha urgido al Estado asegurar las garantías y la protección judiciales, así como el trato digno de toda persona bajo custodia estatal”, refiriéndose a muchos de los 65,795 casos de personas detenidas.
