Comisión Política analiza reformas para prisión perpetua con apoyo del Gabinete de Seguridad

La Asamblea Legislativa de El Salvador, a través de su Comisión Política, recibió este jueves a representantes del Gabinete de Seguridad para continuar con el estudio de reformas legales que buscan introducir la prisión perpetua en el país.
A la sesión acudieron el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y el titular de Defensa, René Merino Monroy, quienes expusieron los argumentos técnicos y jurídicos de las iniciativas en discusión.
Durante su intervención, Villatoro indicó que desde 2022 se ha observado un posible incremento en delitos sexuales y patrimoniales, mientras los homicidios han mostrado una tendencia a la baja.
Añadió que cerca del 80 % de los asesinatos recientes estarían vinculados a conflictos familiares y que el uso de armas de fuego ha dejado de ser el principal factor en estos hechos.
También dijo que las reformas buscan poner en el centro a las víctimas, señalando que en el pasado existían mecanismos legales que facilitaban la excarcelación de delincuentes.

En cuanto a los cambios propuestos, explicó que se pretende modificar la tipificación del delito de agrupaciones ilícitas para abarcar la delincuencia común, mientras que la pertenencia a pandillas sería catalogada como terrorismo, con sanciones más estrictas.

Por su parte, Merino Monroy afirmó que hay coincidencia en la necesidad de endurecer las leyes y destacó que el país cerró el último año con 82 homicidios, lo que equivale a una tasa de 1.3 por cada 100 mil habitantes.
Según señaló, varios de los casos restantes estarían asociados a vacíos en la normativa vigente.
Las propuestas incluyen reformas al Código Penal para aplicar cadena perpetua en delitos como homicidio y violación, así como ajustes en leyes relacionadas con feminicidio, terrorismo y justicia juvenil. También se contemplan mecanismos para revisar las penas tras períodos que van de 25 a 40 años.
El análisis continuaría en la comisión con la próxima comparecencia del fiscal general, Rodolfo Delgado.



