Congresistas republicanos ven posible suspensión de Nicaragua del CAFTA
El senador estadounidense del Partido Republicano Marco Rubio ve posible la suspensión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (Cafta-DR) ratificado por el congreso nicaragüense el 10 de octubre de 2005.
“Jurídicamente sí es posible, Cafta es un tratado de libre comercio entre países democráticos lo cual Nicaragua no está en esas condiciones”, respondió hoy en una conferencia de prensa con senadores republicanos.
Rubio señaló que en “ningún país” en donde “encarcelan a los siete candidatos contrarios a la Presidencia” tiene condiciones para el tratado de libre comercio. “Ya el hecho que hayan hecho eso quiere decir que no es una democracia”, explicó.
El Gobierno de los Estados Unidos analiza desde 2021 los componentes del tratado comercial “para hacer los cambios necesarios para asegurar que no beneficien al gobierno de Ortega-Murillo”, de acuerdo a una declaración publicada el 2 de noviembre de 2021 de la subsecretaria adjunta para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos por la Voz de América.
La congresista demócrata María Elvira Salazar junto al congresista Tom Malinowski presentaron un proyecto de “Ley de revisión del libre comercio en Nicaragua” (HR-3964), señalando que “el régimen brutal de Ortega en Nicaragua debe entender que el libre comercio con Estados Unidos es un privilegio, no un derecho”. Este proyecto fue presentado el 7 de noviembre de 2021. “No hay ninguna razón por la que Estados Unidos deba recompensar a su régimen con acceso preferencial al mercado estadounidense”, dijo Malinowski en esa ocasión. La ley fue respaldada en ese entonces por 16 congresistas.
Rubio instó a revisar incluso las inversiones de militares nicaragüenses en la bolsa de valores de Estados Unidos; y a aplicar la ley Renacer y el Nica Act para “tomar acciones más fuertes y más concretas”.
La ley “Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua” (Renacer, por sus siglas en inglés) implica el aumento de sanciones contra actores del régimen de Ortega en coordinación con gobiernos de Canadá y la Unión Europea.
Renacer urge a la administración de Biden que revise la participación continua de Nicaragua en el Cafta y requiere informes sobre los abusos de los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad nicaragüenses en comunidades rurales e indígenas, de acuerdo al sitio web del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, que aprobó dicha normativa en noviembre de 2021. La ley fue firmada por la administración Biden el 10 de noviembre de 2021.
No solo se trata de sanciones económicas en contra de un país, porque hasta cierto punto eso funciona, aquí tenemos altos funcionarios militares, incluso las funciones militares de Nicaragua se encuentran invertidos en la bolsa de valores de Estados Unidos, eso debe ser algo que se estudia”.
Aquí tenemos personas que son responsables por cometer delitos en contra del pueblo nicaragüense que viven abiertamente en esta ciudad de Miami disfrutando lo que se robaron y lo que se están robando eso también debe ser parte de lo que nos enfoquemos”. Marco Rubio, senador republicano.
Asimismo, Rubio instó a que las víctimas del régimen de Ortega puedan recurrir a las cortes federales estadounidenses así como hacen las víctimas del régimen de Cuba.
“Hay una idea que se discutió que es abrir las cortes federales de Estados Unidos para que personas que han sufrido daños a manos de este régimen criminal puedan traer sus casos y pedir justicia delante de las cortes federales de los Estados Unidos como se ha hecho en el caso de Cuba, sostuvo.
Por su parte, el congresista republicano Carlos Giménez ve una repetición de las acciones de Cuba y en Venezuela. “Shora lamentablemente está sucediendo en Nicaragua: la tortura, los presos políticos, no tienen libertad de expresión y ahora están hasta encarcelando a miembros católicos”.
El congresista cree que lo más preocupante “es que parece que hay personas aquí que son parte del régimen, que han llegado a los Estados Unidos, están viviendo en Miami y están amenazando a los nicaragüenses que están buscando la libertad”.
Insistió en que pedirán al gobierno de Biden utilizar “todo lo que pueda, todas las leyes que tenga para ponerle más presión al régimen de Ortega”.
El gobierno y el Congreso de los Estados Unidos también tiene herramientas de presión que han sido aplicadas a El Salvador con el fin de frenar el deterioro democrático por las destituciones de la Sala de lo Constitucional, fiscal general, la suspensión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), las iniciativas contra la libertad de expresión, corrupción y narcotráfico. En El Salvador, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha utilizado la Lista Engel, en la cual ha incluido a 25 salvadoreños, entre quienes hay funcionarios, exfuncionarios y empresarios.
Sin embargo, el senador Robert Menéndez señaló “retrocesos dramáticos en la democracia” y preguntó: “¿Deberíamos estar considerando suspenderlos como una acción a tomar?, es una acción fuerte que podría tomar la administración y la recomiendo”. Se refería a Nicaragua y El Salvador.
