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Nacionales

Corte ordena reinstalar a 13 empleados despedidos de CAPRES

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dirigió una orden de reinstalo al presidente Bukele y al Consejo de Ministros, para  reinstalar de forma inmediata a los cesados «en los cargos que tenían o en alguno de similar categoría, siempre que eso no implique una desmejora ni traslado que pueda perjudicar sus derechos laborales».

La medida responde al análisis que hace la Sala de lo Constitucional del amparo presentado por los 13 empleados y que fue admitido hace un par de semanas.

Además del reinstalo, la sala ordena cancelarle a los despeddios  el salario,  prestaciones laborales y cualquier otro desembolso que les compete según el cargo que realizaban.

A principios de junio, el Consejo de Ministros acordó suprimir cinco secretarías: Inclusión Social; Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, Técnica y de Planificación, la de Gobernabilidad y la de Vulnerabilidad. La mayoría de esos empleados fueron despedidos. Los afectados alegaron que la decisión fue tomada contraria a la ley.

Los trabajadores también acudieron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Héctor Rodríguez representante del Movimiento de Trabajadores Despedidos exigió la PDHH cumpla su rol con los trabajadores de este gobierno, quienes han sido víctimas de graves violaciones a los derechos laborales, así como a la dignidad humana y otros derechos sociales y económicos.

“Estamos cansados del silencio cómplice que ha tenido la procuradora, pues desde hace tres meses debió instalar una mesa de diálogo para evaluar cada caso de manera técnica. No se vale que la procuradora hasta los treinta y dos días que fue convocada por la Asamblea Legislativa haya salido a dar un pronunciamiento”, criticó Rodríguez.

Asimismo, desmintió las declaraciones de Raquel Caballero titular de la PDDH, quien dijo haber hecho 32 acciones en beneficio de los trabajadores despedidos, entre ellas el reinstalo de varias personas en las dependencias del gobierno. Además solicitó a las entidades defensoras de los derechos humanos no seguir guardando silencio y cumplir con su rol como funcionarios al frente de esas instituciones.  

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