Cristosal denuncia a Asamblea y a Bukele tras la sanción a reformas de ley de la carrera judicial
La Organización Cristosal acompañó la denuncia de los jueces y las juezas del Órgano Judicial tras la sanción del presidente Nayib Bukele a las reformas de la Ley de la Carrera Judicial, por lo que esperan que la demanda tenga resultados favorables y el Estado cumpla ante las instancias internacionales, según anunciaron este sábado en conferencia de prensa.
La jefa jurídica de Cristosal, Zaira Navas, anunció que el acompañamiento a las 248 personas se debe a «que tenemos una sala de lo inconstitucional ya que los nombramientos no obedecen a los mecanismos de la Constitución», y dijo que esperan obtener resultados tras la demanda de ayer y que el Estado cumpla ante los organismos internacionales.
“Las resoluciones de la CIDH son de obligatorio cumplimiento y esperamos que la demanda presentada el día de ayer tenga los resultados y que el Estado de El Salvador cumpla a instancias internacionales», Zaira Navas, Cristosal.
Navas agregó que la sanción a la reformas de la Ley de la Carrera Judicial es la consumación del golpe de Estado realizado por el mandatario salvadoreño Nayib Bukele.
«La destitución arbitraria de 248 jueces y magistrados es producto de la sanción de las reformas a la ley de la carrera judicial que es realmente la consumación del golpe de Estado que Bukele ha dado al sistema judicial eliminando el sistema de pesos y contrapesos», sostuvo la jefa jurídica de Cristosal”, Zaira Navas, Cristosal.
Navas lamentó «que quede en desprotección a una tutela judicial que tiene la población salvadoreña, ante la falta de jueces independientes no podemos esperar justicia».
La jefa anticorrupción y justicia de Cristosal, Ruth López, indicó las disposiciones técnicas que sustentan la denuncia ante el ente internacional y explicó cuatro de los derechos vulnerados a los jueces y las juezas del Órgano Judicial.
«En primer lugar al colectivo de jueces hay dos tipo de derechos, y nos referimos a la Igualdad y No Discriminación protegida por la Convención de Derechos Humanos en razón de la edad y porque demás empleados públicos no tienen obligatoriedad de retirarse a los 60 años», sostuvo López.
Agregó que en segundo lugar, el Estado vulnera «el Derecho al Respeto de Principio y Legalidad en el marco de un proceso sancionador porque a partir del discurso público y discriminación partiendo de pronunciamientos de diputados y presidentes implica un perjuicio a los miembros de la carrera judicial», explicó la jefa anticorrupción y justicia de Cristosal.
Además, el tercer derecho que es vulnerado es «el derecho a ser juzgado con arreglo a un procedimiento previo que tampoco no está previsto», dijo López.
Y añadió como vulnerado «el derecho a permanecer en el cargo en relación con el principio a la independencia judicial».
En la conferencia de prensa acompañaron también personas de la organización Concertación Monseñor Romero, y de la Fundación para el Debido Proceso.
