Diputados no lograron, en última sesión plenaria, avalar la Ley de Reconciliación
A última hora, los diputados de ARENA y el FMLN trataron en la última sesión plenaria la derogatoria de la Ley de Amnistía que fue derogada en julio de 2016 por la Sala de lo Constitucional.
La Sala de lo Constitucional había dado dos prórrogas a la Asamblea e incluso mandó a llamar a la Asamblea y al Órgano Ejecutivo para que explicaran los motivos del retraso para crear el instrumento legal que garantizara la información necesaria para el esclarecimiento de los crímenes de la guerra, la reparación de las víctimas y la provisión de recursos necesarios para responder a las necesidades de verdad y justicia.
Y es que eso afectaba a los partidos ERNA y FMLN porque ambos cometieron hechos de sangre durante y después de la guerra civil asesinando a personas que solo por tener un vinilo político con cualquiera de los dos partidos fueron asesinados, bajo la acción de los escuadrones de la muerte o de los grupos rebeldes de la guerrilla.
Lo que los diputados de ambos partidos pretendían es que estos crímenes quedaran en el olvido y fueran parte del pasado, pero la Corte Suprema de Justicia buscaba que se esclarecieran.
Uno de los mandatos que les dio la Sala de lo Constitucional a los diputados fue aprobar una Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, tras la derogatoria de la Ley de Amnistía creada en julio de 2016 por la Sala de lo Constitucional.
Los diputados de la Comisión Política emitieron dictamen favorable durante la plenaria, pero al final de la misma el dictamen no fue introducido al pleno, ya que según diputados de ARENA y PDC no se lograron los votos suficientes, 56 para rebasar el veto del presidente Nayib Bukele.
“No hay acuerdo para pasarlo”, relató escuetamente el diputado René Portillo Cuadra, de ARENA; mientras que su colega Rodolfo Parker, del PDC, dijo: “no se aprobará nada más”.
La Sala de lo Constitucional había dado dos prórrogas a la Asamblea e incluso mandó a llamar a la Asamblea y al Órgano Ejecutivo para que explicaran los motivos del retraso para crear el instrumento legal que garantizara la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos de la guerra, la reparación de las víctimas y la provisión de recursos necesarios para responder a las necesidades de verdad y justicia.
Pero Bukele vetó dicho decreto en febrero del año pasado, aduciendo que es “inconstitucional”, la tildó de ser “una ley tan asquerosa como la anterior, pero le han puesto una gragea de chocolate”, dijo en febrero de 2020. Además, la llamó la “última infamia de la Asamblea Legislativa”.
Sin embargo, los diputados justificaron en su momento que la normativa contiene lo que la Sala de lo Constitucional exige, que es la reparación de los daños a las víctimas del conflicto armado de la década de los 80’, el derecho a la justicia y conocer la verdad. El FMLN no la respaldó.
La normativa también tuvo el rechazo en un principio de diversas organizaciones sociales como Fespad que aducían la falta de penas severas para quienes resultaran culpables de crímenes de guerra o de lesa humanidad. Criticaban que dejaba abierta la puerta para la conmutación de penas por razones de enfermedad y edad.
Para superar el veto presidencial, la Asamblea necesitaba de 56 votos, ya que el rechazo fue por “inconstitucional”, con esta acción se creaba un conflicto que debe dirimir la Sala de lo Constitucional.
