Durante el Gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén, organizaciones internacionales cuestionaron el uso de la fuerza excesiva de parte de la PNC
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, aseguró este lunes que la política de seguridad pública del expresidente Salvador Sánchez Cerén «criminalizó los grupos de exterminio».
Villatoro hizo un recuento de las políticas de seguridad que desarrollaron los últimos cuatro gobernantes para combatir a las pandillas, pasando por la Mano Dura del exmandatario fallecido, Francisco Flores, la Súper Mano Dura de Antonio Saca, condenado por corrupción y la tregua de Mauricio Funes.
«Sánchez Cerén se da cuenta de eso, pero comete un error más grande, que es utilizar las instituciones para salir a responder fuego con fuego, y eso es lo que vimos durante la presidencia de Sánchez Cerén que institucionalizó los grupos de exterminio desde nuestra policía, desde nuestro Ejército», afirmó Villatoro en la entrevista de Canal 21, este lunes.
Durante el último Gobierno del FMLN, la Policía Nacional Civil reportaba enfrentamientos con pandilleros casi a diario, que en muchos casos se demostró que se trataron de ajusticiamientos por parte de divisiones élites de la corporación, tal es el caso del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) reconvertido en las Secciones Tácticas Operativas.
El GRP fue disuelto en medio de un escándalo por la desaparición de la agente Carla Mayarí Ayala Palacios, tras una fiesta decembrina en la sede de ese grupo policial, donde el principal implicado es el policía élite Juan Josué Castillo Arévalo, alias «Samurái», quien fue incubierto por otros agentes policiales. La agente Ayala fue encontrada muerta meses después y el expolicía Castillo sigue prófugo.
Otro caso icónico que evidenció el uso excesivo de la fuerza fue la masacre de San Blas, que en juicio, aunque quedó sin condena, el juez afirmó que hubo excesos por parte de los policías, que se enfrentaron con pandilleros y asesinaron a civiles, entre ellos, a Dennis Alexander Hernández de 20 años, en la finca San Blas, en La Libertad. En el expediente, una pericia determinó que la policía disparó 243 veces.
En 2018, la relatora especial de ejecuciones extrajudiciales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Agnes Callamard, dijo que le sorprendía «la repetición de un modus operandi de la policía, que son muchos muertos, es decir, el principio de precaución no se está aplicando».
Los enfrentamientos entre policías y pandilleros se encrudecieron después del 2015, el año con más muertes violentas en la historia del país, donde el Gobierno de Sánchez Cerén impulsó las medidas extraordinarias de seguridad que se aplican desde 2016 y que luego se convirtieron en parte de la Ley Penitenciaria.
