El banco HSBC demandó al Estado salvadoreño por $49.3 millones
El caso nace de un proceso judicial desarrollado en los tribunales salvadoreños donde el HSBC buscó recuperar US$2 millones en prestamos a una empresa salvadoreña. El banco señala a El Salvador por incumplimiento al Tratado Bilateral de Inversión con el Reino Unido.
El banco HSBC demandó al Estado salvadoreño ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión (CIADI, por su sigla en inglés) por incumplir, en su opinión, el tratado de inversión que el país firmó con el Reino Unido.
Mediante este arbitraje, HSBC espera recuperar $49.3 millones que le fueron impuestos como sanción por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el largo litigio que protagonizó con la empresa salvadoreña IJASAL (Ingeniero José Antonio Salaverría y Compañía, de Capital Variable).
La disputa en los tribunales salvadoreños inició cuando el banco buscó recuperar un préstamo de $2 millones otorgado a la referida empresa. El caso fue escalando en diferentes instancias judiciales hasta que en julio de 2019, la Sala de lo Civil en julio de 2019 ordenó al Banco Davivienda (que antes de 2012 era banco HSBC) pagar $49.3 millones a IJASAL en concepto de «daño emergente y lucro cesante» por el juicio iniciado en 2009.
«Este caso es efectivamente una denegación de justicia sancionada judicialmente, y nuestra decisión de llevarlo a un tribunal internacional independiente está destinada a proteger tanto nuestros intereses financieros como el estado de derecho en las inversiones internacionales», alegó el banco en una nota difundida este miércoles.
En su correspondencia ante el CIADI, el banco plantea que, «con el fallo de la CSJ y otras irregularidades en el proceso judicial» se violaron sus derechos.
«La decisión de la Corte Suprema violó las obligaciones de El Salvador con los inversionistas del Reino Unido en virtud del Tratado Bilateral de Inversión El Salvador-Reino Unido (…) La decisión de la corte equivale a una ‘denegación de justicia, un principio legal bien establecido, y no protege los derechos fundamentales de HSBC como inversionista del Reino Unido en El Salvador, afirma en su presentación de arbitraje el banco.
