Familia denuncia detención ilegal de Gilma
Desde el lunes en la mañana, la familia de Gilma Yaneth Benítez, de 42 años, vive un verdadero calvario, cuando agentes de la Policía Nacional Civil llegaron a los apartamentos Atlanta, en Mejicanos y se la llevaron “por una firma”.
Katherine Anzora, hija de Gilma, relata que el lunes en la mañana su mamá preparaba el fresco que sale a vender, cuando los policías llegaron y pidieron los documentos de la vivienda; ella les mostró que el recibo del agua y energía eléctrica están a su nombre y que a raíz de un problema de alquiler de hace dos años, está pagando $155 mensuales para que el pequeño apartamento de dos habitaciones sea suya.
Los policías se fueron y ella siguió con su labor, sin embargo, media hora después llegaron otros policías haciendo el mismo registro, Gilma volvió a mostrar los documentos, pero esta vez los policías decidieron que había que llevársela.
“Yo les dije que por qué se la iban a llevar y ellos dijeron: ‘Hay que llevarla’, y yo, ¿por qué? si ahí están los papeles y todos está en orden, (el policía dijo que) no que es ‘por una firma”, relata Anzora envuelta en rabia e indignación por el trato de los policías hacia su familia.
Katherine dice que antes de llevarse a su mamá, Gilma les preguntó que si iba a regresar, y los policías le dijeron que sí, que solo iba a firmar, pero nunca le dijeron qué cosa firmaría.
Gilma ya no pudo desayunar con su familia, y según Katherine, tampoco almorzó ni cenó en la delegación, porque los policías no lo permitieron.
Hace tres años, Gilma fue sometida a un proceso judicial porque el apartamento donde vivía -siempre el mismo- no era de ella y estuvo detenida 72 horas. Según relata Katherine, de 21 años, no tenían donde vivir y les alquilaron la vivienda en los apartamentos Atlanta, pero ellos desconocían si a quien le pagaban era el dueño o no. En ese momento, no recibían recibo de pago por el alquiler y nada estaba a nombre de ellos, no pudieron justificar el arrendamiento.
Al salir, ellos legalizaron la energía eléctrica, la conexión de agua y acordaron con el dueño que comprarían el apartamento y desde entonces pagan la mensualidad de $155, para estar legales “todo en regla”, como dice ella.
La captura de Gilma ocurre en el régimen de excepción que la Asamblea Legislativa aprobó el 27 de marzo pasado, luego de una escalada de homicidios que dejó a más de 80 familias enlutadas; desde entonces, el Gobierno salvadoreño dijo haber declarado la guerra a las pandillas, a quienes responsabilizó de los crímenes.
Tras la aprobación exprés del régimen de excepción, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada empezaron a ejecutar capturas sumarias de más de 500 personas al día, a quienes acusan de pertenecer a pandillas.
