FGR pide el 3.4 % de lo defraudado a seis imputados del caso Rhessa
Tras el acuerdo de un juicio abreviado entre la Fiscalía General de República y la defensa en el caso penal del proyecto Reconstrucción y Equipamiento de la Red de Hospitales Públicos (Rhessa), la Fiscalía General pidió el 3.4 % de lo incautado para fortalecer su presupuesto en el combate a los ilícitos que se comenten en el país.
La responsabilidad civil indica que los acusados deben devolver $175,000. Que es por el momento, solo el equivalente al 3.4 % de lo defraudado al Estado.
Los montos acordados entre la Fiscalía General y los defensores de seis de los nueve implicados suman $175,000 para un total de $5, 142,096.57 que se acusó inicialmente.
La Unidad Penal del Estado de la Fiscalía detalló en 2014, que producto de las anomalías en la ejecución del proyecto Rhessa hubo un perjuicio económico de $4,090,052.80 en el proyecto del hospital San Pedro, en Usulután, y lo estafado en el hospital Santa Gertrudis fue de $1,052,043.77. Un total de $5, 142,096.57.
Durante el juicio abreviado que se desarrolló esta semana contra el exministro de Salud, Guillermo Maza, la Fiscalía le pidió una responsabilidad civil de $100,000, mientas que $50,000 para César Rolando García Herrera, y $15,000 para José Ladislao López Paz.
Además, $5,000 para Ricardo Alberto Barrera Contreras e igual cantidad de responsabilidad civil para Rolando A. Choriego Echeverría. Sin embargo, a Juan Antonio Miranda Morales solicitaron un monto en abstracto, que deberá definirse en un proceso civil.
La defensa del exministro de Salud, Guillermo Maza, aseguró que la cifra defraudada en el proyecto Rhessa es de $1.7 millones, y que no se logra subsanar con el monto acordado con seis de los nueve acusados en el juicio abreviado, debido a que los imputados tienen diferente responsabilidad.
«Esa cantidad (acordada en juicio abreviado) no se cumple porque se está procesando a diferentes personas que tuvieron diferentes roles…o sea no podría exigírselos a todos los que están aquí porque sus niveles de responsabilidad varían y no es proporcional para que se cubriera esa cantidad, pero sí se está reponiendo digamos en alguna proporción, sobre todo en este caso que todos han decidido someterse a un abreviado», señala Laura Mina, abogada del exministro de Salud, Guillermo Maza.
Argumentó que en el proyecto había una estructura y personal especializado que eran los responsables directamente, refiriéndose a los contratistas.
Se preguntó a la FGR si la suma de la responsabilidad civil subsana al monto inicial de la acusación en perjuicio de la administración pública, pero no hubo una respuesta sólida.
«En este momento se está determinando o se va a determinar por la prueba documental y peritajes, así el monto en específico ya cuando se vaya concluyendo el fallo, ya vamos a tener un dato en específico para contrastarse con los montos que se están ofertando», dijo el fiscal del caso.
