Jueza considera existen suficientes pruebas en el caso de agente Carla Ayala
En el caso del feminicidio de la agente Carla Mayari Ayala Palacios, la jueza del Juzgado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer consideró que había suficientes pruebas de la existencia del delito cometido por cada uno de los acusados.
«La
señora jueza ha determinado que si bien es cierto han manifestado los imputados
y defensores que armaron un plan para capturar al imputado Juan Josué Castillo
Arévalo, este en ningún momento fue diseñado o pensado para cubrir ese
fin», explicó el fiscal de la Unidad Especializada de Delitos de Homicidios
y Antipandillas, Arturo Cruz.
El fiscal detalló que la agente Ayala llegó a la base del grupo especializado de la PNC y estuvo en el lugar por seis minutos, pero ninguno de los elementos «veló por la integridad de ella».
La FGR señala que la jueza determinó que no hubo ningún retén que estuviese esperando el paso de la patrulla en el trayecto del municipio de San Salvador al de San Francisco Javier, de Usulután, donde fueron encontrados los restos de la agente Ayala.
«Nunca fue la intención del GRP lograr la captura del imputado Castillo Arévalo, es más (la jueza) ha determinado que dentro del GRP hubo lealtad hacia el principal imputado, que llevó a que este lograra escapar», agregó Cruz.
Castillo Arévalo, alias «Samurái», fue declarado ayer como rebelde, pues está prófugo desde aquella madrugada del 29 de diciembre de 2017, cuando suponen que cometió el feminicidio de Ayala.
La resolución de la jueza aclaró que las medidas de detención y de libertad para los imputados seguía como hasta el momento, a excepción de uno de los acusados, Edwin Isaac Esquivel, quien ya se le venció la detención provisional pero por estar procesado por otros seis delitos en San Miguel permanecerá siempre en prisión.
El fiscal Arturo Cruz dijo que el próximo 29 de diciembre vence la detención provisional de dos de los imputados, los agentes Wilfredo Hernández y Ovidio Pacheco, quienes tenían la misión de ir a dejar a la agente Ayala a su vivienda en Apopa y estuvieron presentes en el momento que el exagente Castillo le disparó adentro de la patrulla.
«Lamentablemente la ley es clara en establecer tiempo máximo de detención provisional para los delitos graves y por lo tanto, la señora jueza de sentencia tendrá que resolver conforme a derecho», explicó el fiscal del caso.
