La defensa de Mecafé busca que pago de enriquecimiento ilícito no sea con bienes ni cuentas bancarias
Los abogados defensores de José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como «Mecafé» y su grupo familiar, busca en audiencia especial de oposición de sentencia, que la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador anule la forma de ejecución de la pena impuesta en 2021 para el pago de más de $2.084.742.96 por condena de enriquecimiento ilícito.
El empresario, su esposa y sus dos hijas, piden que el pago de la condena no se realice con el embargo de bienes muebles y cuentas bancarias, según confirmó la fiscal del caso.
«Este día, según escrito de oposición, las y los señores ejecutados mostraron oposición en cuanto al embargo de bienes muebles y cuentas bancarias con las cuales el Estado de El Salvador quiere que se le restituya lo adquirido indebidamente en concepto de enriquecimiento ilícito», informó la fiscal del caso.
Durante la audiencia especial tanto la Fiscalía General de la República en representación del Estado y las personas «ejecutadas» deberán de exponer sus alegaciones con las que busca se deje sin efecto la ejecución forzosa.
La ejecución forzosa de la pena fue solicitada por la Fiscalía General en julio de este año ante la Cámara, alegando que los afectados no habían pagado lo condenado en noviembre del 2021.
Menéndez Avelar fue condenado a regresar al Estado $1,868,104.39, mientras que su esposa Fátima Yanira Hernández de Menéndez a regresar $50,760.95. Sus hijas, Fátima Yanira Menédez de Bairos, debe restituir $133,415.70 y Andrea Vanessa Menedez, deberá pagar $23,461. 92.
La Fiscalía General de la República acusó a «Mecafé» y su familia de incrementar su patrimonio ilícitamente, mientras el empresario ejerció el cargo de presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), entre 2009 y 2011, en la administración de Mauricio Funes.
La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia detectó al menos 16 irregularidades, en el patrimonio de «Mecafé», en depósitos bancarios, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo, pagos de tarjetas de crédito y la compra de cuatro vehículos.
La resolución de los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador fue programada para el próximo viernes, en ella, podrían ratificar la solicitud forzosa o la anula.
