La Ley de Recursos Hídricos propuesta por el Gobierno debe ser muy bien analizada para no cometer errores
El artículo 61 de la Ley de Recursos Hídricos propuesta por el Gobierno y que está siendo analizada en la Asamblea Legislativa regula dos tipos de autorizaciones para el uso del agua. El nivel 1 es para 473,040 metros cúbicos por año o más, con una vigencia de 15 años, y el nivel 2 es para usos inferiores a los 473,040 metros cúbicos, con una vigencia de 5 años.
La Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) cuestiona esta propuesta y se remite a los cálculos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien estima que una persona requiere a diario 100 litros de agua.
La UNES señala que una familia de cinco personas necesita, entonces, 500 litros de agua al día. Los 437,040 metros cúbicos al año equivalen a 473.04 millones de litros de agua, suficientes para abastecer a más de 2,600 familias de cinco personas durante un año.
«Esto, dar esta cantidad de agua, no responde a la magnitud de la crisis, a las necesidades de la gente y además es una forma de privatizar el agua», dijo Luis González, de la UNES. Agregó que muchas familias salvadoreñas pagan por un bien que no reciben y por eso consideró que autorizaciones de esta magnitud no responden a la visión del agua como bien público ni al derecho humano al agua, dos de los cinco puntos no negociables para las organizaciones de sociedad civil.
También les preocupa el tiempo durante el cual un solo concesionario podrá extraer tal cantidad de agua, puesto que las cuencas podrían someterse a un estrés hídrico mayor al actual.
Por su parte, Saúl Baños, director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), advirtió que estas concesiones implican una explotación excesiva del bien hídrico. «Es demasiado tiempo el otorgado para la explotación del agua, ya que esa sobreexplotación del recurso lo podría poner en riesgo».
«Al tener un permiso de 15 años, esa agua ya está fuera del control del Gobierno, fuera del control de la sociedad civil, fuera del control de los y las personas que tienen derecho al agua en El Salvador. Entonces vamos otra vez a priorizar los intereses de la gran empresa», sostuvo Andrés McKinley, experto en agua y minería de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. McKinley sostuvo que, si bien la propuesta del Gobierno habla sobre el derecho humano al agua y un enfoque de cuencas, al analizarla carece de elementos concretos que los garanticen.
